>La imagen internacional de Costa Rica se construyó durante décadas: democracia estable, instituciones sólidas y una cultura política que, con problemas, como cualquier otra, estaba muy lejos de las turbulencias del vecindario. Hoy, esa reputación se pone a prueba por algo más que una elección polarizada: un presidente -Rodrigo Chaves- afrontando varios procesos penales y electorales, un intento reiterado de levantar su inmunidad y una confrontación abierta con el Tribunal Supremo de Elecciones.

Las acusaciones por supuesta falta de imparcialidad son apenas la punta del iceberg. A ello se suman acusaciones de la Fiscalía General en un par de expedientes que, examinados con algo de profundidad, resultan jurídicamente frágiles y hasta ridículas.

Por ello constituye una distorsión grave utilizar un inventario de declaraciones y decisiones, propias del ejercicio presidencial, para construir un expediente sancionatorio que, en el peor de los escenarios, pudiera terminar en una destitución o inhabilitación.

La justicia electoral está llamada a ser árbitro, no protagonista. Sin embargo, el Tribunal ha decidido alimentar la percepción de parcialidad. El Presidente Chaves ha concentrado un número inédito de denuncias de este tipo, casi el doble de las recibidas en total por los cinco mandatarios anteriores, lo que permite afirmar con fundamento que se le está aplicando un estándar distinto.

El mensaje ya llegó al exterior. El Congreso de Estados Unidos ha convocado a la embajadora Catalina Crespo para que explique la posible instrumentalización institucional con motivaciones políticas. El congresista Mario Díaz-Balart también expresó públicamente su preocupación. Que Estados Unidos, que suele ver a Costa Rica como una “democracia modelo”, pregunte si se está usando la justicia electoral como arma es una señal fuerte hacia el país y la región, especialmente en un momento en que la administración Trump otorga particular importancia a sus socios hemisféricos.

* El autor es un reconocido empresario de Costa Rica.