>El avance del proyecto de De acuerdo con el texto aprobado, la reforma propone una transición que no excluye a los vínculos preexistentes de las nuevas reglas, especialmente en lo que respecta a la extinción del contrato de trabajo. Si bien el derecho argentino reconoce el principio de irretroactividad de las leyes —según el cual una nueva norma no puede alterar derechos ya adquiridos o situaciones consolidadas—, en el derecho laboral la situación presenta matices cuando se trata de “consecuencias no agotadas” de un contrato en curso.

Uno de los puntos críticos de la reforma es el cambio en el sistema de indemnizaciones. El proyecto contempla la posibilidad de sustituir el esquema tradicional de resarcimiento por despido por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización, similares a los que rigen en la industria de la construcción. Para los contratos antiguos, la vigencia de la nueva ley marcaría un punto de quiebre. En caso de que un trabajador con años de antigüedad sea despedido con posterioridad a la sanción y promulgación de la reforma, el cálculo de su liquidación quedaría sujeto a las condiciones establecidas en el nuevo marco legal.

El texto legislativo busca extender el periodo de prueba de los actuales tres meses a un lapso mayor, que podría llegar hasta los seis u ocho meses según el tamaño de la empresa. En este aspecto, la distinción entre contratos nuevos y antiguos es más clara: aquellos trabajadores que ya han superado el periodo de prueba vigente y gozan de estabilidad laboral no pueden ser devueltos a una situación de prueba. La estabilidad adquirida bajo la ley anterior se considera un derecho consolidado que la reforma no podría revertir sin entrar en un conflicto de constitucionalidad.

Otro cambio estructural que afectará la dinámica de los trabajadores actuales es la modificación de la responsabilidad solidaria en las cadenas de contratación y subcontratación. Actualmente, una empresa principal es responsable solidaria por las deudas laborales de las empresas contratistas que prestan servicios para ella. El proyecto de reforma limita esta responsabilidad únicamente a los casos donde se pruebe fraude o negligencia manifiesta.

La reforma también aborda la situación de las plataformas digitales de reparto y transporte. El texto propone excluir a estos prestadores de la Ley de Contrato de Trabajo, categorizándolos como trabajadores independientes con un régimen de seguridad social propio. Para miles de personas que actualmente prestan servicios en estas aplicaciones y que mantienen reclamos judiciales por el reconocimiento de la relación de dependencia, la aprobación de la ley validaría el modelo de autonomía que sostienen las empresas del sector, dificultando la obtención de fallos judiciales favorables basados en la normativa anterior.

En conclusión, la aprobación de la reforma laboral en el Congreso no operaría como un compartimento estanco solo para nuevos empleados. Por el contrario, establecería un nuevo estándar para la resolución de conflictos y la finalización de vínculos laborales que, aunque iniciados décadas atrás, concluirían bajo una lógica de menores costos indemnizatorios y una mayor flexibilidad en la gestión del tiempo y la responsabilidad empresarial.

Fuente: telam