MAR DEL PLATA
La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó sobreseimiento del juez Pedro Hooft
Pedro Federico Hooft (en el centro de la foto) durante el juicio.(Foto archivo)
El juicio surgido de la denuncia de Eduardo Luis Duhalde, donde solicitaba que se investigara a los presuntos "coautores, instigadores, cómplices, partícipes de cualquier clase y/o encubridores de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos seguidos de muerte" concluyó con el sobreseimiento dictado por los camaristas Alejandro Tazza y Santiago Martín, que confirmaron la medida del juez Martín Bava.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el viernes el sobreseimiento de Pedro Hooft y otros jueces que habían sido acusados de complicidad con delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura, decisión que será apelada ante Casación por los organismos de derechos humanos que impulsaron el proceso, según anunciaron.
Hooft estaba acusado de rechazar habeas corpus y de garantizar la impunidad de represores en 17 casos de víctimas de homicidios, desapariciones y torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La noticia fue comunicada mediante un mensaje de Twitter por su hija Lynette Hooft.
La Cámara Federal marplatense señaló que Hooft no cometió ninguno de los delitos que habían sido denunciados en el año 2006.
El fallo fue dictado por los camaristas Alejandro Tazza y Santiago Martín, quienes confirmaron el sobreseimiento dictado por el juez federal Martín Bava el 11 de diciembre de 2020.
Tazza y Martín señalaron que en los 15 años del proceso iniciado contra Hooft y otros encausados "se pudieron reunir pruebas suficientes para descartar la participación de los encartados en los hechos que le fueron recriminados, toda vez que los elementos obrantes en autos permiten sopesar la ajenidad de los nombrados en el designio criminoso instituido en el caso".
A fines de 2020, en el fallo de primera instancia, Bava había señalado que "nunca pudo corroborarse" que los encausados -entre ellos Hooft- "hubieran emprendido adrede conductas funcionales que pudieran proyectarse de algún modo en un supuesto delito de lesa humanidad".
El juez Hooft había sido denunciado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde donde lo responsabilizaron por presuntos delitos de lesa humanidad mientras que su familia sostuvo desde un principio que se trataba de una causa armada.
Hooft, en aquel momento, fue acusado de rechazar habeas corpus y de garantizar la impunidad de represores en 17 casos de víctimas de homicidios, desapariciones y torturas, entre otros crímenes imprescriptibles cometidos por la última dictadura, en el marco de la denominada "Noche de las corbatas" que tuvo lugar en Mar del Plata entre el 6 y el 13 de julio de 1977.
Así se llamó a la sucesión de secuestros, torturas y desapariciones de la que fueron víctima 14 personas, en su mayoría abogados laboralistas y familiares directos, entre ellos Norberto Centeno (autor de la ley de Contrato de Trabajo), que fue asesinado, como también Jorge Candeloro, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Tomás Fresneda, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda, Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García, todos ellos asesinados o desaparecidos.
La causa contra Hooft se inició a partir de una denuncia del fallecido exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en la que solicitó que se investigara a los presuntos "coautores, instigadores, cómplices, partícipes de cualquier clase y/o encubridores de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos seguidos de muerte" que padecieron las víctimas de aquella sucesión de secuestros cometidos en 1977 por grupos de tareas del Ejército.
Hooft estaba acusado de rechazar habeas corpus y de garantizar la impunidad de represores en 17 casos de víctimas de homicidios, desapariciones y torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La noticia fue comunicada mediante un mensaje de Twitter por su hija Lynette Hooft.
La Cámara Federal marplatense señaló que Hooft no cometió ninguno de los delitos que habían sido denunciados en el año 2006.
El fallo fue dictado por los camaristas Alejandro Tazza y Santiago Martín, quienes confirmaron el sobreseimiento dictado por el juez federal Martín Bava el 11 de diciembre de 2020.
Tazza y Martín señalaron que en los 15 años del proceso iniciado contra Hooft y otros encausados "se pudieron reunir pruebas suficientes para descartar la participación de los encartados en los hechos que le fueron recriminados, toda vez que los elementos obrantes en autos permiten sopesar la ajenidad de los nombrados en el designio criminoso instituido en el caso".
A fines de 2020, en el fallo de primera instancia, Bava había señalado que "nunca pudo corroborarse" que los encausados -entre ellos Hooft- "hubieran emprendido adrede conductas funcionales que pudieran proyectarse de algún modo en un supuesto delito de lesa humanidad".
Pedro Federico Hooft durante el juicio.(Foto archivo)
El juez Hooft había sido denunciado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde donde lo responsabilizaron por presuntos delitos de lesa humanidad mientras que su familia sostuvo desde un principio que se trataba de una causa armada.
Hooft, en aquel momento, fue acusado de rechazar habeas corpus y de garantizar la impunidad de represores en 17 casos de víctimas de homicidios, desapariciones y torturas, entre otros crímenes imprescriptibles cometidos por la última dictadura, en el marco de la denominada "Noche de las corbatas" que tuvo lugar en Mar del Plata entre el 6 y el 13 de julio de 1977.
Así se llamó a la sucesión de secuestros, torturas y desapariciones de la que fueron víctima 14 personas, en su mayoría abogados laboralistas y familiares directos, entre ellos Norberto Centeno (autor de la ley de Contrato de Trabajo), que fue asesinado, como también Jorge Candeloro, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Tomás Fresneda, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda, Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García, todos ellos asesinados o desaparecidos.
La causa contra Hooft se inició a partir de una denuncia del fallecido exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, en la que solicitó que se investigara a los presuntos "coautores, instigadores, cómplices, partícipes de cualquier clase y/o encubridores de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos seguidos de muerte" que padecieron las víctimas de aquella sucesión de secuestros cometidos en 1977 por grupos de tareas del Ejército.
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