El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo mecanismo de fiscalización para el mercado de semillas mediante una resolución conjunta del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP).

La normativa establece el protocolo para el control de la identidad varietal en grano, utilizando muestras tomadas en el primer punto de entrega de la producción. Según explicaron las autoridades, el objetivo es fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual de los desarrolladores de semillas y garantizar una mayor transparencia en la cadena comercial.

La medida se oficializó a través de la Resolución Conjunta 3/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El anuncio y la expectativa por una nueva ley

La decisión llega mientras continúa pendiente en el Congreso el debate por una actualización de la Ley de Semillas, una discusión que incluye la posible adhesión al sistema UPOV-91 y un proyecto consensuado por la Mesa de Enlace que ya fue presentado ante las autoridades nacionales.

Tras conocerse la medida, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el alcance de la resolución y aseguró que permitirá recuperar décadas de atraso en materia tecnológica.

Además, sostuvo que la actualización podría generar un impacto positivo sobre el comercio exterior y estimó que las exportaciones podrían incrementarse en más de 4.000 millones de dólares anuales.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El eje central de la resolución será la utilización de la identidad varietal del grano como herramienta de fiscalización.

Para cultivos de reproducción autógama, como soja y trigo, se realizarán análisis técnicos sobre los granos entregados por los productores con el objetivo de verificar el cumplimiento de los derechos de los obtentores de semillas.

La normativa establece que todos los establecimientos que funcionen como puntos de entrega primaria deberán estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

Además, solamente las Cámaras Arbitrales o entidades privadas con convenios vigentes con el INASE estarán habilitadas para adquirir y analizar las muestras.

Una vez emitidos los certificados correspondientes, los resultados serán enviados tanto al titular de la variedad como al propietario de la muestra. En caso de detectar irregularidades, los titulares tendrán un plazo de 60 días corridos para presentar denuncias ante el organismo.

Qué cambia respecto al sistema anterior

Entre las principales modificaciones introducidas por la nueva resolución aparece el uso de tecnologías que permiten verificar la identidad varietal en tiempos mucho más reducidos, aportando mayor solidez técnica a los procedimientos administrativos.

También se habilita expresamente la firma de convenios entre responsables de acopios y entidades privadas para financiar las tareas de muestreo y coordinación de entrega.

Otro punto relevante es que el protocolo tendrá una aplicación progresiva, alcanzando específicamente a los cultivares que se inscriban en los registros nacionales a partir de la entrada en vigencia de la medida.

Asimismo, la resolución elimina parte de la normativa establecida por la Resolución 207/2016, adecuando el sistema a las nuevas herramientas tecnológicas disponibles.

Más control y protección de la propiedad intelectual

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá fortalecer la trazabilidad, mejorar los controles sobre el comercio de granos y generar mejores condiciones para la inversión en biotecnología vegetal.

La medida también busca garantizar el cumplimiento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N.º 20.247, protegiendo los derechos de los desarrolladores de nuevas variedades y estableciendo sanciones para quienes incumplan la normativa vigente.

Redacción: La Folk Argentina