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Costanera Sur: la Legislatura trata el convenio urbanístico para levantar torres
Los legisladores debatira´n este jueves el convenio.
Los legisladores debatirán el convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para construir edificios de 145 metros de altura en un predio de la Costanera Sur, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva de Boca.
Legisladores porteños debatirán este jueves, en la sesión ordinaria, el convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para construir edificios de 145 metros de altura en un predio de la Costanera Sur, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva de Boca.
De acuerdo a la reunión de labor parlamentaria entre los jefes de los bloques legislativos, el expediente fue incluido en el temario de la sesión de este jueves, cuyo inicio está previsto para las 11.30 y requerirá de al menos 31 votos para obtener una aprobación inicial.
En rigor, este tipo de expedientes, que contempla un cambio de norma urbanística, se encuadra en los proyectos "de doble lectura", los cuales demandan dos sanciones por parte de los diputados porteños y la realización, entre ambas votaciones, de una audiencia pública para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones.
El convenio contiene una reforma al uso del suelo que rige en el predio 71 hectáreas, que pertenece a la empresa de bienes raíces e inmobiliaria IRSA, ubicado al lado de la Reserva Ecológica y del barrio popular Rodrigo Bueno.
En la actualidad, esos terrenos solo pueden ser utilizados con fines deportivos, dado que allí iba a levantarse la Ciudad Deportiva de Boca, por lo cual el acuerdo alcanzado por la administración porteña amplía los usos y habilita la posibilidad de construir edificios de hasta 45 pisos.
Santoro encabezó un "abrazo" al predio de Costanera Sur contra la construcción de torres.
Y a modo de contraprestación, IRSA cede al dominio público de la Ciudad un sector del predio para que sea un parque público.
De esta manera, el bloque del oficialismo porteño Vamos Juntos retomará el tratamiento en la Legislatura del expediente, el cual ingresó el 20 de julio al Parlamento enviado por el Ejecutivo, pero la llegada al recinto fue frenada por un fallo judicial.
El 24 de julio, el juez porteño Guillermo Scheibler ordenó a los legisladores suspender el debate al hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que consideró que debía hacerse un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de iniciar la discusión parlamentaria.
En ese marco, la semana pasada, una resolución del juez Luis Ammirato revocó una medida de su colega y dio luz verde a la Legislatura para avanzar con el convenio.
En su resolución, Ammirato tuvo en cuenta que, por incluir un cambio de norma urbanística, el acuerdo entre IRSA y el Gobierno local es una ley de "doble lectura", por lo que debe votarse dos veces en la Legislatura, con la realización de una audiencia pública entre ambas instancias.
De acuerdo a la reunión de labor parlamentaria entre los jefes de los bloques legislativos, el expediente fue incluido en el temario de la sesión de este jueves, cuyo inicio está previsto para las 11.30 y requerirá de al menos 31 votos para obtener una aprobación inicial.
En rigor, este tipo de expedientes, que contempla un cambio de norma urbanística, se encuadra en los proyectos "de doble lectura", los cuales demandan dos sanciones por parte de los diputados porteños y la realización, entre ambas votaciones, de una audiencia pública para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones.
El convenio contiene una reforma al uso del suelo que rige en el predio 71 hectáreas, que pertenece a la empresa de bienes raíces e inmobiliaria IRSA, ubicado al lado de la Reserva Ecológica y del barrio popular Rodrigo Bueno.
En la actualidad, esos terrenos solo pueden ser utilizados con fines deportivos, dado que allí iba a levantarse la Ciudad Deportiva de Boca, por lo cual el acuerdo alcanzado por la administración porteña amplía los usos y habilita la posibilidad de construir edificios de hasta 45 pisos.
Santoro encabezó un "abrazo" al predio de Costanera Sur contra la construcción de torres.
Y a modo de contraprestación, IRSA cede al dominio público de la Ciudad un sector del predio para que sea un parque público.
De esta manera, el bloque del oficialismo porteño Vamos Juntos retomará el tratamiento en la Legislatura del expediente, el cual ingresó el 20 de julio al Parlamento enviado por el Ejecutivo, pero la llegada al recinto fue frenada por un fallo judicial.
El 24 de julio, el juez porteño Guillermo Scheibler ordenó a los legisladores suspender el debate al hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que consideró que debía hacerse un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de iniciar la discusión parlamentaria.
En ese marco, la semana pasada, una resolución del juez Luis Ammirato revocó una medida de su colega y dio luz verde a la Legislatura para avanzar con el convenio.
En su resolución, Ammirato tuvo en cuenta que, por incluir un cambio de norma urbanística, el acuerdo entre IRSA y el Gobierno local es una ley de "doble lectura", por lo que debe votarse dos veces en la Legislatura, con la realización de una audiencia pública entre ambas instancias.
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