Un médico anestesiólogo -la forma más o menos correcta de llamar a un anestesista- propone un encuentro para un café, para una suerte de sala de situación sobre la nueva crisis del propofol en Argentina.

Tiene la autoridad para hablar. Un especialista sumamente reconocido entre sus pares, lleva 15 años en su especialidad, con puestos en hospitales públicos y clínicas privadas de la ciudad de Buenos Aires. Es un hombre joven, un padre de dos chicos, que conoce bien la vida en los quirófanos. La coyuntura lo horroriza. También, lo interpela. De repente, la Argentina de 2026 descubre que sus colegas se drogan en secreto con las mismas sustancias que le administran a sus pacientes.

El anestesiólogo asegura: "Pasa, eh. Y pasa hace años. En el rubro lo sabemos muy bien. Pero nunca vi algo así. No con este nivel de frivolidad. Y mucho menos, con dos colegas en la Morgue".

En poco menos de dos semanas, el escándalo de las "propofest" -supuestas fiestas de "viajes controlados" de anestesia ofrecidas por especialistas con inyecciones de propofol y fentanilo a domicilio-, se convirtió en una historia imparable que envolvió a las muertes del anestesiólogo Alejandro Salazar y el enfermero Eduardo Bentancourt.

Salazar fue hallado sin vida con una vía conectada al pie derecho; había propofol y midazolam en la casa. Bentancourt tenía una marca de inyección en el pliegue derecho. Había más de 50 ampollas en su departamento de la calle Oro, entre ellas, cinco de propofol. Una jeringa fue hallada en la cocina; una ampolla de fentanilo esperaba a los forenses, abierta en el fondo de un tacho de basura.

En paralelo, otra causa penal tiene como blanco al anestesista Herná Rodolfo Boveri y Delfina Lanusse, alias "Fini", médica residente de tercer año del servicio de anestesia del Hospital Italiano.

Poco después de la muerte de Salazar, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires -o AAARBA, el cuerpo que nuclea a los anestesiólogos porteños- presentó una denuncia que recayó en el juez Javier Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera. Allí, apuntó a una serie de "hechos de gravedad" vinculadas al "uso indebido, sustracción y consumo de sustancias". Así, se abrió una causa en el Juzgado N�47 el 23 de febrero pasado, tres días después de la muerte de Salazar.

Según el texto de la denuncia de AAARBA, al que accedió Infobae en forma completa, Gonzalo Domenech, jefe de servicio de anestesia del Italiano, reportó un comentario que venía de los propios residentes del lugar. Aseguraban que la habían visto a Lanusse drogada en el propio hospital. Según estos relatos, la residente reconoció consumir propofol, supuestamente, en presencia de Boveri.

"Fini" fue citada por AAARBA en su investigación interna, que luego entregó a la Justicia. Aseveró que tenía "un vínculo personal con Boveri", de acuerdo a documentos de la causa, y que "en ese contexto, habrían tenido lugar episodios de consumo de propofol fuera del ámbito hospitalario".

Boveri fue citado también, reconoció que en el domicilio de Lanusse "se consumía propofol": el Italiano le exigió que se tome una licencia. La sospecha de AAARBA es que ese propofol habría sido robado del Italiano mismo.

Julieta, la hermana de Salazar, también se presentó a declarar en AAARBA. Aseguró ante Carlos Bollini, vicepresidente de la institución, que su hermano había comenzado a consumir propofol, al menos, dos meses antes de su muerte, "presuntamente instigado por alguien".

También, que oyó hablar de "fiestas" donde "los residentes se administran unos a otros estas drogas", supuestamente liderados por "un médico referente del Hospital Italiano".

Y en el medio, los audios de las supuestas "propofest" se volvieron virales.

La causa por la muerte dudosa de Bentancourt, en manos del fiscal Carlos Vasser, continúa sin acusados formales y sin relación aparente con el mundo de Boveri y Lanusse. La causa por la muerte de Salazar, también dudosa, tampoco tiene acusados, con un expediente a cargo del fiscal Eduardo Cubría y el juez Santiago Bignone.

Sin embargo, hubo una novedad interesante esta última semana. La doctora Chantal Leclercq, alias "Tati", íntima amiga de Lanusse, aparente amiga de Salazar, fue allanada el miércoles último en su casa del country Santa Bárbara. El allanamiento, precisamente, fue requerido por Cubría, el fiscal que investiga la muerte de Salazar. Allí, la Bonaerense y la Policía de la Ciudad le secuestraron su celular y su iPad. Un testimonio clave en esa causa aseguró que Leclercq, junto con Lanusse, se presentó en el departamento de Salazar tras su muerte.

"Tati", precisamente, también había sido mencionada en la ampliación de la denuncia de AAARBA. Su jefe del Rivadavia la delató. En su entrevista con AAARBA, según la denuncia misma, "manifestó haber consumido" sustancias como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. "Dichas sustancias habrían sido obtenidas del Hospital Rivadavia", continúa un documento en la causa.

De vuelta en la sala de situación, el anestesiólogo dice:

"�Ves? Este caso rompe con la narrativa de lo que siempre pasó, es algo totalmente frívolo que se aparta del común denominador. Hace años que los colegas se drogan. Y son colegas de áreas críticas: anestesiólogos, de terapia intensiva, de áreas psiquiátricas. El propofol es apagar la cabeza. No tiene viaje", dice.

Y agrega: "Aquí es por placer. Los médicos siempre se drogaron por estrés y depresión. Sacar sustancias de un hospital es una pavada. Te la podés llevar metida adentro de una jeringa. Esto se discute y se estudia hace años dentro de la medicina y la ciencia, pero explota hoy".

La FAAAAR, la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesistas, tiene un artículo en su biblioteca presentado en su simposio de 2012, escrito por el anestesiólogo uruguayo Gustavo Calabrese. Se llama: "Estrés laboral en el anestesiólogo". Aquí, el propofol está explícitamente mencionado:

"Existe una preocupación creciente en la comunidad anestesiológica internacional por los riesgos que se asume para la salud por el ejercicio profesional de nuestra especialidad. En el siglo XXI la preocupación se orienta a una multiplicidad de riesgos, entre los que se destacan los biológicos, abuso de drogas (opiáceos, ketamina, propofol), los efectos del estrés laboral (incluido el síndrome de burnout) y aquellos relacionados a la organización laboral", comienza el artículo.

Y sigue: "Es entonces que la realidad actual muestra anestesiólogos trabajando largas jornadas en ambientes estresantes, con presiones de productividad, expuestos a la naturaleza del trabajo anestesiológico y a numerosos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, etcétera".

"Estas situaciones suponen un costo alto en la salud, rendimiento, seguridad, y traumas en la vida familiar, por lo que la anestesia es considerada dentro de los trabajadores de la salud, como de "alto riesgo profesional", continúa. La aparente frivolidad de drogarse por placer no es parte del análisis.

Un artículo sumamente revelador fue publicado en marzo de 2013 en el Journal of Addiction Medicine de Estados Unidos. Cuatro médicos del Georgia Health Professionals Program hablaron directamente de "una dependencia al propofol" que se tornaba "virulenta y debilitante", con 22 médicos tratados entre 1990 y 2010 en un solo centro.

La mayoría, otra vez, eran anestesiólogos con acceso a la droga, con la depresión como un problema imperante. El propofol, en estos casos, se empleaba para conciliar el sueño.

"Los efectos secundarios comenzaban de inmediato: la mitad comenzó su tratamiento luego de chocar su auto o sufrir otras heridas. Cinco de ellos entraron en tratamiento cuando fueron hallados inconscientes", continúa el texto.

En marzo de 2023, cuatro especialistas en anestesia del hospital Mount Sinai de New York publicaron un análisis macro en el Canadian Journal of Anesthesia. El texto, basado en 24 artículos previos, relató "88 casos individuales de uso indebido de propofol", con "anestesiólogos y enfemeras certificadas" como protagonistas principales. La conclusión en el texto era dramática: "La muerte era la forma más común de identificar este uso indebido".

Hasta el cierre de esta nota, de vuelta en los tribunales porteños, los únicos imputados en toda esta historia eran Boveri y Lanusse, que fueron indagados en la causa a cargo del juez Sánchez Sarmiento y el fiscal Herrera.

Allí, se investiga estrictamente el posible delito de hurto de propofol en el Italiano: la denuncia de AAARBA delimita el objeto de la causa.

Las "propofest", si es que existen, no configuran un delito aparente, a menos que el material que se use sea robado, lo que podría calificarse como un encubrimiento.

Sin embargo, el centro médico -que se encuentra en medio de una "investigación interna" según sus voceros- todavía no entregó a la Justicia una lista completa del material robado.

Rumores en la comunidad médica, que llegaron a investigadores del caso, sugieren que se podría haber hurtado algo más que anestesia: apuntan a bombas de infusión y monitores BIS, de estricto uso en el quirófano. El Hospital Italiano, consultado por esta versión, aún no ofreció respuesta.

Fuente: telam