El Gobierno de España negó este martes tajantemente haber espiado a decenas de líderes independentistas catalanes, quienes acusaron el lunes al Estado de haber sido vigilados a través de un programa informático en sus teléfonos móviles.

El presidente de Cataluña, Pere Aragonés, rechazó la desmentida, pidió que se investigue el caso y consideró que la relación política con el Ejecutivo central del presidente Pedro Sánchez quedó "afectada" por el hecho.

"Este es un país democrático y de derecho, aquí no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley, del derecho", afirmó en conferencia de prensa la vocera del Gobierno, Isabel Rodríguez, informó la agencia de noticias AFP.
 

El movimiento independentista catalán acusó el lunes al Estado español de haber espiado a más de 60 de sus líderes.

El movimiento independentista catalán acusó el lunes al Estado español de haber espiado a más de 60 de sus líderes mediante el software israelí Pegasus, que solo puede ser adquirido por Estados o gobiernos, luego de que ese esquema fuera dado a conocer en un informe del Citizen Lab, un organismo canadiense con sede en la Universidad de Toronto.

Casi todos los incidentes con ese programa informático israelí, que permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono de los teléfonos, ocurrieron entre 2017 y 2020.

Entre los afectados figuran el actual presidente regional catalán Pere Aragonés, cuando todavía era vicepresidente regional, los expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas, eurodiputados, diputados del Parlamento regional catalán y miembros de organizaciones civiles independentistas, según Citizen Lab.

El expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont, quien se marchó a Bélgica para evadir la justicia tras la frustrada secesión de Cataluña en octubre de 2017, no fue directamente atacado, pero sí muchas personas de su entorno, entre ellas su esposa, agregó el organismo canadiense.

"Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que sólo pueden tener los Estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español", denunció Puigdemont el lunes en Twitter.
 

"El gobierno nada tiene que ver" con este esquema, "no tiene nada que ocultar", insistió Isabel Rodríguez, y aseguró que "el Gobierno colaborará al máximo con la justicia en la investigación de estos hechos" si los tribunales lo requieren.

Desde hace más de una década, Cataluña es foco de una pugna entre el separatismo, que controla desde hace años el Gobierno y Parlamento regionales, y el Ejecutivo central español.

Su momento más álgido ocurrió en octubre de 2017, cuando tuvo lugar en la región un referendo ilegal de autodeterminación y una subsiguiente fallida declaración de independencia.

Las tensiones bajaron considerablemente desde que el gobierno del socialista Pedro Sánchez lanzara una negociación con los independentistas en febrero de 2020 e indultara en junio de 2021 a nueve líderes independentistas presos por los sucesos de 2017.

Con todo, Aragonés advirtió desde Barcelona que la relación política del Gobierno de la comunidad autónoma con el central quedó "afectada" por el presunto espionaje, informó la agencia de noticias Europa Press.

"No se puede recuperar la normalidad de las relaciones políticas", afirmó el funcionario en una conferencia en el Palau de la Generalitat, sede del Gobierno catalán, junto al resto del gabinete, después de una reunión extraordinaria para coordinar la respuesta del Ejecutivo al Gobierno central.

Y su segundo, el vicepresidente Jordi Puigneró, sostuvo que España ya no es una democracia plena y va camino de ser una democracia que no cumple los estándares europeos mínimos: "Por esto, este Gobierno ha acordado que no normalizará las relaciones con un Estado represor".

Aragonés pidió al Ejecutivo de Sánchez iniciar "con la máxima celeridad una investigación interna con supervisión independiente para aclarar" las responsabilidades de este supuesto espionaje y alertó que hasta entonces la relación política con el Gobierno quedará afectada en asuntos como la mesa de diálogo y la Comisión Bilateral.

"Es evidente que este caso de espionaje y la forma cómo lo afronte el Gobierno del Estado puede tener importantes consecuencias políticas de forma inmediata", señaló, y exigió transparencia al Gobierno ante una cuestión que “alteró la confianza” con el Ejecutivo de Sánchez.

"La confianza es mínima. Es evidente que las cosas no pueden continuar igual. Las actuaciones de espionaje hechas públicas ayer afectan y dañan la confianza mínima necesaria en las relaciones políticas con el Estado. Corresponde al Gobierno español asumir las responsabilidades para recuperar la confianza. Una recuperación que permita unas relaciones políticas normalizadas en los términos que habíamos tenido hasta ahora", subrayó.