“Con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales, se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado”, indicó la firma en un comunicado.

Vale recordar que, a fines de abril, Vicentin ya había logrado la adhesión de la mitad más uno de sus acreedores, tal como lo prevé también la ley concursal.

COMIENZAN LOS PAGOS
“De esta manera, la compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores, alcanzando ambas mayorías, y demostrando que la propuesta efectuada cuenta con un categórico respaldo mayoritario y que ha sido entendida por los actores bienintencionados, vinculados con el proceso concursal, como la mejor alternativa para garantizar la continuidad de las operaciones productivas y de las fuentes laborales, en un contexto de país sumamente complejo que exime de mayores análisis y comentarios”, subrayó la empresa.

Y añadió: “Confiamos que prontamente este suceso cuente con la necesaria homologación judicial, que permita asimismo instrumentar, de manera inmediata, los primeros pagos comprometidos en la propuesta, que buscan mitigar o resolver las angustias financieras que esta situación provocara a cientos de pequeños productores que recuperaran en esta instancia la mayoría del capital que se les adeuda”.

MIRÁ Bunge, el último interesado en el rescate de Vicentin

En este contexto, cabe mencionar que las últimas informaciones vinculadas a la situación de Vicentin habían quedado envueltas en polémicas: primero, la Corte Suprema de Santa Fe intervino la causa y le pidió al juez Fabián Lorenzini que le remitiera las actuaciones; luego, a partir de esta situación, el presidente Alberto Fernández volvió a insistir en la posibilidad de “estatizar” Vicentin para tener una “empresa testigo” en el mercado de granos.

Esto último le valió al mandatario una crítica de la empresa y un fuerte reproche por parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que calificó a esta propuesta de “un dislate” y “un mamarracho”.