Es necesario comenzar a recorrer un camino que tenga como horizonte un “pacto social de modernización justo” entre los actores decisivos para la generación y protección del empleo, es decir el sector público, los empresarios y los sindicatos. Suelo decir en distintos análisis que el diálogo y la articulación son las principales herramientas de construcción de la política pública.

Asistimos a un escenario de automatización y digitalización que, de no afianzarse el diálogo tripartito, solo generará conflictividad social producto de que un colectivo significativo de trabajadores quedará al margen de los nuevos requerimientos del mercado.

La cuarta revolución industrial pone de manifiesto la necesidad de que lleguemos antes que las cuestiones ocurran, por lo que avanzar hacia un pacto social de modernización justa, es una necesidad imperiosa para la protección del empleo, que además de afrontar la reconversión, afronta de manera permanente altos niveles de precarización laboral, dejando a la intemperie a quienes como dice el autor Giraudo (2018) “van a ganarse la vida y la pierden”.

El desafío no es solo laboral, sino también político y económico. La industria tecnológica crece y se vuelve cada vez más estratégica para el desarrollo económico, por lo que impulsar un “pacto social” permitirá garantizar un equilibrio entre innovación y justicia laboral, asegurando que el progreso tecnológico no asiente sus bases sobre la precarización de los trabajadores.

El “pacto social de modernización justo” al cual nos referimos debe basar sus principios en garantizar los derechos laborales, promover la estabilidad del empleo y asegurar la modernización con inclusión e inserción laboral.

El éxito depende de que cada actor asuma el rol y colabore en la construcción de normativas que contemplen las demandas y los desafíos actuales, entre los que podemos mencionar la regulación de la tercerización, protección de los trabajadores monotributistas y “freelance”, actualización de los convenios colectivos de trabajo y claramente una fuerte inversión en programas de capacitación y reconversión laboral, como así también el diseño y promoción de fondos para la transición tecnológica de las empresas.

En definitiva, promover acciones que garanticen el ingreso de calidad, es la verdadera pelea contra la pobreza, donde no ganen unos pocos, sino que ganen todos los sectores involucrados en gestar la riqueza, riqueza que debe ser el motor para fortalecer la industria y el empleo de calidad.