La “motosierra” desreguladora del Gobierno sigue encendida y sus recortes tienen un efecto directo en el campo y la agroindustria.

Este miércoles, otra novedad al respecto fue la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en la disolución de una serie de políticas de fomento a distintas actividades agropecuarias, fundamentalmente ganaderas.

En concreto, como aspecto más importante, disolvió el régimen de promoción de la ganadería ovina, pero también avanzó en el mismo camino con relación a otros programas, como uno que fomentaba la producción de gusanos de seda, y otros que apuntaban a reforzar la crianza de cabras y de bífalos.

UN AGRO MÁS “DESREGULADO”

En concreto, con la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el decreto 408/2025 dispuso las siguientes disoluciones:

• El Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
• La Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), creada por el artículo 9° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
• El Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda, creado por el artículo 1° de la Ley N° 25.747.
• El Registro Nacional de Sericicultura, creado por el artículo 4° de la Ley N° 25.747.
• El Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 26.141.
• La Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, creada por el artículo 9° de la Ley N° 26.141.
• El Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, creado por el artículo 1° de la Ley N° 27.066.
• El Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua, creado por el artículo 1° de la Ley N° 27.076.
• El Consejo Federal Bubalino, creado por el artículo 6° de la Ley N° 27.076.

Además, se derogan las leyes 25.422 y sus modificatorias, 25.747, 26.141, 27.066 y 27.076.

LOS FUNDAMENTOS

Como en la mayoría de estas medidas “desreguladoras”, el Gobierno se ampara en los postulados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido en diciembre de 2023, y que sentó las bases de lo que pretende la Casa Rosada: “liberar” la actividad privada del control estatal.

“Los regímenes de promoción mencionados ut supra resultan un ejemplo característico de la actividad administrativa tradicionalmente denominada como de ‘fomento’ o de ‘ayudas públicas’ propia de la Administración Pública”, explica el decreto en sus considerandos.

Y agrega que “dentro de las notas características de dicha actividad se destaca que la misma es llevada a cabo por la Administración Pública con el propósito de satisfacer las necesidades de interés público por las que ha sido creado, siendo a su vez responsable por el control de la actividad que se fomenta”.

Asimismo, menciona que los mencionados regímenes fueron diseñados en un escenario productivo, institucional e histórico muy diferente al actual.

“En este contexto, en el que las políticas del Gobierno Nacional se orientan a reducir la intervención estatal y a maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas, con el fin de asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos”, completan desde el Estado.

El decreto completo se puede ver aquí: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327092/20250618

LA VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Tras la publicación del decreto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación amplió sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a la decisión de disolver estos programas.

“Las condiciones que dieron origen a los mismos cambiaron de manera sustantiva y se hace necesario avanzar hacia esquemas de fomento más integrales, flexibles y orientados a resultados“, describió en un comunicado

Respecto al régimen de la ganadería ovina y de llamas (Ley Nº 25.422), repasó que fue implementado en el 2001, luego prorrogado en diversas oportunidades y funcionaba con un esquema de financiamiento basado en Aportes Reintegrables y No Reintegrables, “que ya no se considera propicio, ni tampoco eficiente”, consideró.

Por eso, “hoy se busca generar líneas de crédito y financiamiento desde el sector privado y no recurrir a esquemas de subsidios públicos”, añadió.

Por otro lado, puntualizó que “el mencionado régimen no generó impacto en el incremento de las existencias ovinas, dado que desde la aprobación de la ley hasta la actualidad hubo una disminución del Stock de 13.029.000 cabezas en el 2001 a 11.967.429 en el 2025″.

En relación a la ganadería caprina (Ley Nº 26.141), el esquema de promoción sancionado en el 2006, con el propósito de fomentar a este sector en Argentina, impulsó proyectos productivos, buscó contribuir a la formalización de organizaciones de base y facilitó ciertas mejoras en la sanidad, comercialización y manejo del rodeo caprino.

“Sin embargo, pese a estos esfuerzos puntuales, la evolución reciente del régimen revela una pérdida de dinamismo y una limitada capacidad de transformación estructural del sector. Además, actualmente no se ejecutaba”, citó.

La misma lógica -siempre según la versión oficial- se aplica en el caso de la ganadería bovina de zonas áridas (Ley Nº 27.066) y la bubalina (Ley Nº 27.076).

“La existencia de esquemas de financiamiento, diferenciados exclusivamente por características agroecológicas como la condición de aridez o semiaridez, puede actuar como un factor desarticulante de las cadenas ganaderas, al tiempo que dificultan la construcción de una estrategia coherente e integrada para el sector”, remarcó.

En definitiva, para la mirada del Gobierno, “la promoción del desarrollo productivo no puede basarse indefinidamente en mecanismos de subsidio o transferencia directa, sino que debe orientarse hacia la generación de condiciones estructurales que permitan a los sectores crecer de forma sostenible, con mayor autonomía y capacidad de competir en el mercado”, enfatizó.

Y completó: “La vigencia simultánea de regímenes específicos por especie animal -como los destinados a la ganadería ovina, caprina bovina y/o bubalina-, contribuyó a una fragmentación innecesaria de la política agropecuaria. Este abordaje disperso dificultó la construcción de una estrategia ganadera con visión integral y limitó la generación de sinergias entre sectores productivos complementarios”.

“Por todo lo expuesto, la derogación de las Leyes Nº 25.422; 26.141; 27.066 y 27.076 tiene por objetivo facilitar la transición hacia un enfoque más actualizado, coherente y sostenible“, cerró.

Por Infocampo