El gobierno de Santa Fe anunció que tomará un rol protagónico en la defensa del biodiésel argentino tras la decisión de la Unión Europea de catalogar a la soja como insumo de “alto riesgo ambiental” bajo la normativa ILUC.

Según informó la provincia en un comunicado oficial, la medida amenaza exportaciones por unos 350 millones de dólares anuales y afecta directamente a Santa Fe, ya que concentra el 100 % de las terminales exportadoras de biodiésel del país.

El bloque europeo aplicó el criterio de Cambio Indirecto del Uso del Suelo (ILUC), que sostiene que algunos cultivos destinados a biocombustibles pueden generar impactos ambientales indirectos. Con ese argumento, clasificó a la soja argentina como insumo de alto riesgo y restringió su uso dentro del mercado europeo.

Desde la provincia consideran que la decisión es arbitraria y proteccionista, ya que —según sostienen— desconoce evidencia científica y la sostenibilidad del modelo productivo nacional. Por ese motivo, se impulsa un frente estratégico de defensa para demostrar con datos técnicos el impacto positivo del biodiésel en la economía.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró que el biodiésel representa trabajo, innovación y generación de divisas, y remarcó que el gobierno provincial ya interviene institucionalmente en el debate internacional aportando fundamentos técnicos ante la Comisión Europea.

La administración encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro también confirmó que la provincia se inscribió en el procedimiento de consulta pública del organismo europeo y canaliza su participación a través de la Cancillería argentina para fortalecer la posición nacional ante la Organización Mundial del Comercio.

Además, el Ministerio de Desarrollo Productivo creó un Grupo de Trabajo para el Análisis Estratégico del Biodiésel, que elaborará un informe técnico, económico y jurídico sobre el impacto de la normativa europea y propondrá recomendaciones para defender la cadena productiva.

Desde el gobierno santafesino subrayaron que este frente institucional busca proteger el empleo, la producción y las exportaciones vinculadas al complejo soja–biodiésel, uno de los sectores clave para la economía provincial y nacional.

Redacción | La Folk Argentina