Un análisis elaborado por el productor cordobés y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvió a poner en discusión la elevada carga impositiva que pesa sobre la producción agrícola, al estimar cómo se distribuye la renta generada por una hectárea de soja en Argentina.

El estudio parte del cálculo de la renta bruta generada por la producción, medida en dólares que ingresan al país por esa hectárea, descontando los costos necesarios para lograr el cultivo. A partir de esa base, se analizó qué porcentaje queda en manos del productor, del dueño del campo y del Estado.

Según el informe, el Estado —entre Nación, provincias y municipios— se queda con el 82,6% de la renta total, considerando tributos como retenciones, impuesto al cheque, ganancias, ingresos brutos, inmobiliario rural, sellos y tasas municipales.

El trabajo fue realizado sobre un esquema de campo alquilado a 12 quintales por hectárea, donde el propietario percibe ingresos por arrendamiento, aunque también enfrenta cargas impositivas. En ese reparto, el dueño del establecimiento obtiene el 23,8% del total, mientras que el productor presenta una situación negativa.

De acuerdo con los cálculos, el productor no solo no obtiene rentabilidad sino que registra una pérdida de unos 40,5 dólares por hectárea, lo que refleja el fuerte impacto de los costos y la presión tributaria en la actividad.

El informe también señala que no se incluyó en los costos el impuesto a los ingresos brutos aplicado a insumos y labores, que en algunas provincias puede ser significativo y profundizar el peso fiscal sobre la cadena productiva.

Para Roulet, el dato central es entender cómo se distribuye la renta agrícola entre los distintos actores, concluyendo que la estructura actual muestra un sistema donde el Estado concentra la mayor parte del valor generado, reavivando así un debate histórico dentro del sector agropecuario argentino.

Redacción | La Folk Argentina