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6 de diciembre de 2014

Imputaron por peculado al exintendente de Cosquín

El kirchnerista ya destituido Villanueva y dos exsecretarios, investigados por la supuesta sustracción de $ 1,1 millones del municipio coscoíno.

 El jueves pasado, a última hora, la Fiscalía de Instrucción de esta ciudad, a cargo de Martín Bertone, secretaría Viviana Espina, notificó al ex intendente kirchnerista Marcelo Gustavo Villanueva, al ex jefe de Gabinete y secretario de Economía Eduardo José Villanueva y al ex secretario de Gobierno, Abel Brocca, que estaban imputados de “peculado (dos hechos)”, por la supuesta sustracción de fondos del erario público pertenecientes a la Comisión Municipalidad de Folklore, por un total de 1,1 millones de pesos.

La acusación se encuadra en el artículo 261 del Código Penal, que contempla penas de prisión de dos a 10 años, con inhabilitación absoluta.

Marcelo Villanueva y sus funcionarios se retiraron de la administración municipal el 7 de septiembre de este año, en virtud de un proceso revocatorio que le fue adverso al kirchnerismo local y que fue impulsado por el Concejo Deliberante, con mayoría delasotista. Actualmente la intendencia está en manos de la delasotista Rossana Adaglio.

Ayer los involucrados se presentaron en la fiscalía para ser indagados. Marcelo y Eduardo Villanueva estuvieron acompañados por su abogado defensor Eduardo Omar Capdevila. Por su parte Abel Brocca lo hizo con el letrado Ricardo Rosales.

La ruta del dinero

La investigación de estos supuestos fondos sustraídos, en una operación bancaria de 700 mil pesos y otra de 450 mil, se generó ante la denuncia de Silvia Facyt, presidenta del Concejo Deliberante a cargo de la intendencia.

La funcionaria delasotista advirtió un faltante de 700 mil pesos el primer día, de los tres que estuvo en el cargo y denunció en la justicia el supuesto ilícito. Al tomarse una testimonial por este hecho, Franci Villafañe, actual secretario de Economía y Finanzas municipal, advirtió sobre otro faltante de 450 mil que se agregó a la suma original.

A esta altura, las nuevas autoridades ya habían encargado una auditoría contable en la Municipalidad coscoína. Dicha auditoría fue realizada por un perito oficial, acompañado por uno de control de parte, designado por los entonces “sospechosos”.

Los resultados estuvieron luego de tres meses de investigación contable. Fue este perito, con su informe, quien interiorizó a la fiscalía del cuadro de situación en el municipio. Por una parte los hoy tres imputados eran los únicos con firmas autorizadas bancarias. Se planteó, según el peritaje, que las operaciones se habrían concretado por separado, totalizando 1,1 millones de pesos.

Por otra parte, el dinero de los fondos de la Comisión Municipal de Folklore –cuestionada por un déficit de 5,7 millones de pesos de la edición del festival de este año–, se habría retirado del Banco Nación Argentina y depositado en el Banco Provincia de Córdoba (ambos con sede en Cosquín).

Luego fueron retirados los montos, en efectivo y por mostrador, pocos días antes de concretarse el referéndum del 7 de septiembre. Ese sería el final de la ruta del dinero.

Según información tribunalicia, el perito contable oficial habría determinado que los 1,1 millones de pesos no ingresaron a la caja municipal y tampoco a cuenta bancaria alguna: virtualmente desaparecieron. De ahí a las imputaciones impulsadas por la fiscalía, medió apenas un paso judicial.

Mirando al noroeste

La causa judicial radicada en la Fiscalía de Cosquín no es la única que preocupa al ex intendente kirchnerista Villanueva. Es que el fiscal Daniel Barrera de Cruz del Eje, avanza también en la instrucción de otra causa, donde el destituido funcionario, acompañado por Eduardo Villanueva (exjefe de Gabinete y secretario de Economía), Rossana Varela (ex subdirectora de Economía) y Vanessa Ramos (ex tesorera), está imputado de “malversación de caudales públicos, dos hechos”, con sus funcionarios.

También el ex intendente, en la misma causa, comparte otra imputación con David Porcel de Peralta (exdirector de Economía) en calidad de “coautores de peculado de servicios”. Como abogados defensores actúan José Cafferata Nores y Eduardo Omar Capdevila.

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