PROVINCIAS
Condenaron a un jefe penitenciario por vejaciones a detenidos en un penal santiagueño
Los hechos ocurrieron entre junio y julio de 2013, en la Unidad 35 "Colonia Pinto" de Santiago del Estero.
Se trata del entonces jefe de Seguridad Interna de la Unidad 35 "Colonia Pinto", el agente penitenciario federal Claudio Gabriel Segura.
El jefe de Seguridad Interna de la Unidad 35 de Santiago del Estero fue condenado a tres años y tres meses de prisión por vejámenes y apremios ilegales contra personas detenidas en la unidad penal 35 de esa provincia, informaron este viernes fuentes judiciales.
El condenado había sido absuelto en 2018 y esa sentencia fue revertida el año pasado, cuando el tribunal revisor hizo lugar al recurso de la fiscal general Indiana Garzón para que vuelvan a ventilarse los hechos ocurridos entre junio y julio de 2013.
De acuerdo a lo informado por el sitio del Ministerio Público Fiscal, Fiscales.gob.ar, se trata del entonces jefe de Seguridad Interna de la Unidad 35 "Colonia Pinto" de Santiago del Estero, el agente penitenciario federal Claudio Gabriel Segura.
Segura fue condenado por vejámenes y apremios ilegales contra seis reclusos, a quienes hizo pelear ante la vista del personal penitenciario de inferior jerarquía a la suya.
Las Imágenes remitidas por la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Santiago del Estero, que fue quien dictó este jueves la condena de tres años y tres meses de prisión y seis años y medio de inhabilitación del cargo.
Violencia institucional
Este es el primer juicio que se lleva adelante en la provincia que tuvo acusado a un miembro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por delitos durante su función.
En el debate, la fiscal Garzón señaló la importancia del tratamiento de este hecho como violencia institucional, ya que -indicó- es el Estado el responsable de resguardar los derechos de las personas privadas de su libertad.
A tales efectos solicitó además de la pena privativa de libertad una serie de reparaciones integrales a la víctimas y medidas de no repetición para evitar que hechos similares vuelvan a reproducirse en la Unidad 35.
Los jueces que integraron el TOCF que impuso la pena son Juan Carlos Reynaga, Enrique Lilljedhal y Mario Eduardo Martínez, quienes hicieron lugar a la petición de la fiscalía y además dictaron esa medidas de no repetición, que dará a conocer junto a los fundamentos de la sentencia.
Los hechos juzgados tuvieron lugar en junio del 2013, cuando -según se acreditó- Segura obligó a un interno a registrar en video, con un celular, a un integrante del personal penitenciario de apellido Monzón en un presunto ingreso ilegal de estupefacientes.
Asimismo, se lo condenó por haber organizado y filmado peleas entre los internos, sometiendo a seis presos a vejámenes, severidades y apremios ocurridos el 29 de julio de 2013 en el campo de deportes de la dependencia.
Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal había señalado que las luchas a golpes de puño fueron realizadas ante la mirada de otros agentes penitenciarios.
Al cabo del proceso culminado en 2018, el TOCF de Santiago del Estero resolvió absolver a Segura por aplicación del beneficio de la duda, aunque la fiscala Garzón recurrió la sentencia y destacó que los hechos juzgados configuraban violencia institucional, puesto que las personas al momento de los hechos se encontraban privadas de la libertad.
En sintonía con el recurso fiscal, la Cámara Federal de Casación resolvió anular la absolución el 9 de marzo de 2020 y ordenar que se dicte una nueva resolución.
El condenado había sido absuelto en 2018 y esa sentencia fue revertida el año pasado, cuando el tribunal revisor hizo lugar al recurso de la fiscal general Indiana Garzón para que vuelvan a ventilarse los hechos ocurridos entre junio y julio de 2013.
De acuerdo a lo informado por el sitio del Ministerio Público Fiscal, Fiscales.gob.ar, se trata del entonces jefe de Seguridad Interna de la Unidad 35 "Colonia Pinto" de Santiago del Estero, el agente penitenciario federal Claudio Gabriel Segura.
Segura fue condenado por vejámenes y apremios ilegales contra seis reclusos, a quienes hizo pelear ante la vista del personal penitenciario de inferior jerarquía a la suya.
Las Imágenes remitidas por la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Santiago del Estero, que fue quien dictó este jueves la condena de tres años y tres meses de prisión y seis años y medio de inhabilitación del cargo.
Violencia institucional
Este es el primer juicio que se lleva adelante en la provincia que tuvo acusado a un miembro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por delitos durante su función.
En el debate, la fiscal Garzón señaló la importancia del tratamiento de este hecho como violencia institucional, ya que -indicó- es el Estado el responsable de resguardar los derechos de las personas privadas de su libertad.
A tales efectos solicitó además de la pena privativa de libertad una serie de reparaciones integrales a la víctimas y medidas de no repetición para evitar que hechos similares vuelvan a reproducirse en la Unidad 35.
Los jueces que integraron el TOCF que impuso la pena son Juan Carlos Reynaga, Enrique Lilljedhal y Mario Eduardo Martínez, quienes hicieron lugar a la petición de la fiscalía y además dictaron esa medidas de no repetición, que dará a conocer junto a los fundamentos de la sentencia.
Los hechos juzgados tuvieron lugar en junio del 2013, cuando -según se acreditó- Segura obligó a un interno a registrar en video, con un celular, a un integrante del personal penitenciario de apellido Monzón en un presunto ingreso ilegal de estupefacientes.
Asimismo, se lo condenó por haber organizado y filmado peleas entre los internos, sometiendo a seis presos a vejámenes, severidades y apremios ocurridos el 29 de julio de 2013 en el campo de deportes de la dependencia.
Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal había señalado que las luchas a golpes de puño fueron realizadas ante la mirada de otros agentes penitenciarios.
Al cabo del proceso culminado en 2018, el TOCF de Santiago del Estero resolvió absolver a Segura por aplicación del beneficio de la duda, aunque la fiscala Garzón recurrió la sentencia y destacó que los hechos juzgados configuraban violencia institucional, puesto que las personas al momento de los hechos se encontraban privadas de la libertad.
En sintonía con el recurso fiscal, la Cámara Federal de Casación resolvió anular la absolución el 9 de marzo de 2020 y ordenar que se dicte una nueva resolución.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
PROVINCIAS
Once provincias crearon órganos para implementar políticas contra la violencia hacia las infancias
El primer informe que analiza las políticas públicas sobre la vulneración de derechos de niños y niñas explica que, si bien esas instancias llevan la información sobre cómo se aplican los protocolos y cómo funcionan, "no son la única estrategia".PROVINCIAS
Misiones, Corrientes y Río Negro presentan focos activos de incendios forestales
Brigadistas y personal de apoyo convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y Parques Nacionales trabajan en las zonas del país afectadas..PROVINCIAS
Batakis destacó el aumento del 60% en transferencias por Coparticipación Federal
La secretaria de Relaciones con las Provincias señaló que "esta situación refleja a las claras una actividad económica en plena recuperación, lo que se expresa como una fuerte señal de salida de la pandemia, signada por una gran expansión del espacio productivo".Comentarios
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
4
21.1°C
Despejado
| OFICIAL COMPRA | OFICIAL VENTA |
|---|
