POLITICA
Gils Carbó acusó a Macri de perseguirla desde el Estado
La exprocuradora General de la Nación acusó al expresidente Mauricio Macri de haber ejercido violencia en su contra desde el aparato del Estado
La exprocuradora General de la Nación señaló que la persecución se inició antes de que el expresidente asumiera su cargo, por haber declarado como testigo en la causa en la que se investigan las presiones de la denominada "mesa judicial" de Juntos por el Cambio.
La exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó acusó al expresidente Mauricio Macri de haber ejercido violencia en su contra desde el aparato del Estado para obtener su renuncia, según pudo reconstruir la agencia Télam de fuentes judiciales.
La extitular del Ministerio Público Fiscal declaró como testigo en el marco de la causa en la que se investigan las presiones de la denominada "mesa judicial" de Juntos por el Cambio sobre jueces y fiscales no alineados con la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.
Gils Carbó declaró durante más de una hora y media ante el fiscal federal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, y reconstruyó –recurriendo incluso a recortes de diarios- como fueron los "aprietes" de los que dijo haber sido víctima.
La exprocuradora señaló incluso que la supuesta persecución se inició antes de que Macri asumiera la Presidencia y, como prueba de ello, leyó una frase de una nota publicada por el diario La Nación el 3 de diciembre de 2015 que en su inicio decía: "Encárguense. No la quiero en mi gobierno".
Gils Carbó aseguró que como las presiones a través de los medios no dieron resultado, el tema pasó luego a la justicia, donde a través de una denuncia anónima se la involucró en la supuesta compra irregular de un edificio en la calle Perón al 600 para la Procuración.
Por ese expediente, el juez Julián Ercolini la envió a juicio oral; noticia que trascendió al mismo tiempo en el que Gils Carbó relataba por primera vez ante la justicia y con detalles hasta ahora desconocidos como fueron los ataques, a los que llegó a definir como misóginos.
En paralelo, la exprocuradora recordó que el fallecido juez Claudio Bonadio tramitó un expediente contra sus hijas por tener un portal de noticias, en el cual dispuso amplia cantidad de tareas de inteligencia sobre ellas.
A la declaración testimonial no le faltaron detalles: Gils Carbó citó las fechas de cada uno de los hechos, recordó cuándo la procesaron, cuándo el diario Clarín publicó el teléfono celular de una de sus hijas y como los legisladores de JxC buscaron cambiar los mecanismos de remoción para echarla.
Durante su testimonial, la exprocuradora confirmó, además, que en su momento el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia le hizo saber que había intentado frenar la "persecución" en su contra pero que el operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón le había respondido que la única forma era si presentaba la renuncia.
El momento de mayor tensión de la testimonial se produjo cuando un abogado de uno de los imputados le preguntó por qué no denunció en aquel tiempo las supuestas presiones y, sobre todo, la de "Pepín", a lo que respondió que ese mismo tipo de preguntas se le hacían a las víctimas de los delitos más aberrantes de la historia argentina, dijeron las fuentes judiciales.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el anterior Gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).
Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al expresidente; a su exjefe de asesores José Torello; al exministro de Justicia Germán Garavano; al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; al abogado Fabián Rodríguez Simón; a Mahiques, exconsejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y al último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías.
Entre los imputados también figuran el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, señalado como quien convocaba a las reuniones de la "mesa judicial".
La extitular del Ministerio Público Fiscal declaró como testigo en el marco de la causa en la que se investigan las presiones de la denominada "mesa judicial" de Juntos por el Cambio sobre jueces y fiscales no alineados con la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.
Gils Carbó declaró durante más de una hora y media ante el fiscal federal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, y reconstruyó –recurriendo incluso a recortes de diarios- como fueron los "aprietes" de los que dijo haber sido víctima.
La exprocuradora señaló incluso que la supuesta persecución se inició antes de que Macri asumiera la Presidencia y, como prueba de ello, leyó una frase de una nota publicada por el diario La Nación el 3 de diciembre de 2015 que en su inicio decía: "Encárguense. No la quiero en mi gobierno".
Gils Carbó aseguró que como las presiones a través de los medios no dieron resultado, el tema pasó luego a la justicia, donde a través de una denuncia anónima se la involucró en la supuesta compra irregular de un edificio en la calle Perón al 600 para la Procuración.
Por ese expediente, el juez Julián Ercolini la envió a juicio oral; noticia que trascendió al mismo tiempo en el que Gils Carbó relataba por primera vez ante la justicia y con detalles hasta ahora desconocidos como fueron los ataques, a los que llegó a definir como misóginos.
En paralelo, la exprocuradora recordó que el fallecido juez Claudio Bonadio tramitó un expediente contra sus hijas por tener un portal de noticias, en el cual dispuso amplia cantidad de tareas de inteligencia sobre ellas.
A la declaración testimonial no le faltaron detalles: Gils Carbó citó las fechas de cada uno de los hechos, recordó cuándo la procesaron, cuándo el diario Clarín publicó el teléfono celular de una de sus hijas y como los legisladores de JxC buscaron cambiar los mecanismos de remoción para echarla.
Durante su testimonial, la exprocuradora confirmó, además, que en su momento el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia le hizo saber que había intentado frenar la "persecución" en su contra pero que el operador judicial macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón le había respondido que la única forma era si presentaba la renuncia.
El momento de mayor tensión de la testimonial se produjo cuando un abogado de uno de los imputados le preguntó por qué no denunció en aquel tiempo las supuestas presiones y, sobre todo, la de "Pepín", a lo que respondió que ese mismo tipo de preguntas se le hacían a las víctimas de los delitos más aberrantes de la historia argentina, dijeron las fuentes judiciales.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigue el papel que jugó la llamada "mesa judicial" durante el anterior Gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo del expresidente Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión (Juan Bautista Mahiques, según detalló más tarde en su declaración testimonial).
Los denunciantes señalaron como "responsables de los hechos" a los funcionarios "de altísimo nivel en el Gobierno del presidente Macri", que integraron lo que públicamente se conoció como "la mesa judicial" de aquella administración.
En ese sentido, apuntaron al expresidente; a su exjefe de asesores José Torello; al exministro de Justicia Germán Garavano; al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; al abogado Fabián Rodríguez Simón; a Mahiques, exconsejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, y al último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías.
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