>El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, tiene previsto comparecer ante el Tribunal Constitucional para presentar su testimonio en el juicio que determinará si su destitución, aprobada por el Parlamento el pasado 14 de diciembre, será definitiva.

La destitución de Yoon está vinculada a su controvertida declaración de la ley marcial el 3 de diciembre, una medida que generó graves acusaciones en su contra, incluyendo insurrección, un delito que en Corea del Sur puede ser castigado con cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque esta última no se aplica en el país desde hace casi 40 años debido a una moratoria.

Mientras avanza el juicio político, Yoon rechazó cooperar con la investigación penal en su contra, liderada por la oficina anticorrupción. No acudió a ninguna de las citaciones para declarar y su equipo legal solicitó la anulación de la orden judicial de arresto emitida contra él, argumentando que solo la Fiscalía está autorizada para solicitar la detención de un presidente en casos de insurrección.

De ser arrestado, los investigadores dispondrían de 48 horas para interrogar al mandatario y, si lo consideran necesario, podrían solicitar una extensión de su detención. Mientras tanto, a Yoon se prohibió abandonar el país.