>La detención de Juan Carlos Huarachi, uno de los dirigentes sindicales más influyentes de Bolivia en las últimas décadas, marca un giro abrupto para la Central Obrera Boliviana (COB) y abre un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción que ha sacudido al Ministerio de Medio Ambiente y Agua desde 2023.

La aprehensión se produjo este lunes en La Paz, tras la orden emitida por el fiscal departamental Luis Carlos Torrez. Huarachi se presentó por la mañana a declarar ante el Ministerio Público y evitó hablar con la prensa. Minutos después, agentes policiales ejecutaron la orden y lo trasladaron a dependencias policiales, donde permanece a la espera de una imputación formal.

Según la denuncia, Cortez entregó documentación que incluye supuestas pruebas de un pago de 40.000 bolivianos —unos 6.000 dólares— al ex ejecutivo de la COB. Las pesquisas también apuntan a un incremento patrimonial “incompatible” con los ingresos de Huarachi. El abogado Loma ha sostenido públicamente que el ex líder sindical sería propietario de trece casas y diecisiete vehículos, aunque esa información aún no ha sido verificada por las autoridades.

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que existen indicios suficientes para profundizar la investigación, especialmente a partir de la documentación entregada por la testigo y de movimientos económicos que se habrían registrado durante los años en que el dirigente lideró la COB.

Santos Cruz guarda prisión preventiva mientras avanza el juicio, una causa que se ha convertido en una de las más sensibles para el entonces gobierno de Luis Arce.

El propio Huarachi tuvo un rol clave en momentos de fuerte tensión social: respaldó a Evo Morales en los últimos compases de su gobierno, negoció con Jeanine Áñez durante la crisis poselectoral de 2019 y acompañó a Arce en los momentos más duros de la pandemia.

Con su detención, la organización se enfrenta a un vacío de liderazgo en un periodo en el que los sindicatos intentan redefinir su relación con el Gobierno y recomponer su credibilidad pública.