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07/12/2025

Clima de Negocios: En medio de las dudas por la actividad económica, una nueva tensión puso a los empresarios en máxima alerta

Fuente: telam

Un conflicto por el ajuste de pérdidas impositivas enfrenta a compañías y autoridades tributarias, mientras el sector privado advierte sobre riesgos para la inversión y la seguridad jurídica

>La carta está fechada el 2 de diciembre y dirigida a Alberto Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. La enviaron desde la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera). Allí se reitera un viejo reclamo de muchas grandes empresas –y no tan grandes– que se reavivó en medio de un contexto de dudas y bastante preocupación. Se trata de la actualización por inflación de los quebrantos impositivos en el impuesto a las Ganancias.

Ahí, en esta actualización por inflación, en sí se puede hacer o no, está el centro de una discusión multimillonaria, incluso aunque el índice de precios haya bajado fuerte. Es que pueden contarse los quebrantos de cinco períodos fiscales para atrás. O sea, los tiempos de precios galopantes del último kirchnerismo.

Las cifras son tan grandes como complicadas de calcular. Se habla de que la no actualización de esos montos redundará en pagos de Ganancias “extras” de entre USD 2.000 y 6.000 millones por año para el Estado. Son estimaciones del sector privado. Ni Economía ni ARCA quisieron hacer comentarios para esta nota.

Ageera, que tiene 46 empresas asociadas que generan el 94% de la energía eléctrica del país (“Ratificar expresamente esta autonomía evitará años de litigios innecesarios, reducirá la incertidumbre jurídica, y fortalecerá un entorno fiscal previsible y razonable para promover inversiones productivas, en línea con los principios que inspiran al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)”, detalló la misiva que firmó Gabriel Baldasarre, presidente de la entidad.

Compañías de varios rubros con las que habló Infobae fueron mucho menos formales al momento de mostrar su enojo. “Se quieren quedar con la nuestra y ni se mosquean. ¿No venía a hacer lo contrario?”, protestó un alto ejecutivo que pidió off the record. “Es un desgaste enorme de abogados por algo que no corresponde. El Gobierno no quiere hablar del tema, pero es nuestro capital. Yo me voy a defender en la Justicia”, dijo otro empresario.

“Arrancamos hace poco y tuvimos que endeudarnos fuerte: crédito bancario, adelantos de proveedores, todo dolarizado o actualizado. Con esa plata compramos equipos, adecuamos la planta, hicimos todos los controles que exige la Anmat. El problema es que, como no me aceptan que haya ajustado por inflación los quebrantos, en los papeles parece que hoy tengo ganancias… pero en realidad estaría pagando Ganancias sobre el capital que invertí. Entre intereses, inflación y costos regulados, el resultado real sigue siendo negativo, pero el fisco mira solo el número nominal”, le relató a este medio el dueño de un laboratorio pyme.

En el capítulo fiscal –sí el borrador de proyecto de cambios laborales tiene una parte sobre impuestos– se detalla que “los quebrantos generados en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2025, inclusive, se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el Indec, organismo desconcentrado actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, operada entre el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal que se liquida”.

La controversia, en definitiva, se centra en que el Gobierno dice que no se pueden actualizar los quebrantos por inflación y los empresarios creen que sí. Es un debate jurídico técnico, pero con una contraparte bien palpable y en forma de muchos billetes.

Según detalló este medio semanas atrás, la idea de la no actualización habría sido reflotada desde la subsecretaría de Ingresos Públicos, que comanda Claudia Balestrini, funcionaria que continúa en el cargo desde la gestión de Alberto Fernández. “Balestrini se lo ‘vendió’ a su jefe, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, como una buena caja de ingresos, y Toto compró”, detallan en el sector.

Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, enumeró los antecedentes claves de la controversia técnica:

    Domínguez cree que sí debe permitirse la actualización y cita la causa “Telefónica de Argentina S.A. y otro” del 25/10/2022m que extendió la doctrina del caso “Candy” a los quebrantos impositivos, permitiendo su actualización cuando se demuestra que la imposibilidad de hacerlo es confiscatorio afectando el derecho de propiedad.

    “Recordemos que el principio de no confiscatoriedad prohíbe que el tributo absorba una parte sustancial de la renta o capital”, le dijo el tributarista a este medio.

    César Litvin, CEO en LL&A, lo puso en números. “Un quebranto de la pandemia de $10 millones a descontar ahora es tomado por el organismo fiscal como $10 millones, pero si se actualizara la cifra por inflación serían de unos $340 millones. Claramente, no es lo mismo. No reconocerlo es querer tapar el sol con las manos. En el mundo no solo no se ponen topes a los quebrantos (acá es a 5 años) sino que tienen un mecanismo de traslación hacia atrás: les devuelven pagos. Las autoridades no están midiendo bien la capacidad contributiva de las empresas”, destacó.

    Diego Fraga, de Expansión Holding, aseguró que exigirles a las empresas pagar Ganancias sobre quebrantos licuados por la inflación es una mala noticia, pero no una condena definitiva. “Este Gobierno ha mostrado voluntad de cambiar reglas que dañan la producción; sería coherente que también revise este punto. Todavía hay margen para que el mensaje sea claro: al que invierte y arriesga no se lo castiga con impuestos sobre un capital que ni siquiera logró recuperar. Lo que no tiene sentido es obligar a las compañías a atravesar procesos largos, costosos y engorrosos, contratar abogados y litigar durante años solo para que se respete algo tan básico como su derecho de propiedad”, dijo.

    Fuente: telam

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