>El empresario Leandro Camani presentó este lunes un escrito ante el Juzgado de Garantías de San Isidro en donde negó de forma contundente sus vínculos con el negocio de las fotomultas que fue denunciado por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Asimismo, también desconoció los vínculos con los dos dirigentes de la Coalición Cívica que también fueron involucrados en la presentación, El titular de la Asociación del Fútbol Argentino presentó este lunes un escrito de 20 páginas en el que expuso que las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a una represalia por haber Según ese escrito, Tapia acusa a Camani de pretender obtener beneficios económicos para la autorización de equipos de fotomultas en la autopista Camino del Buen Ayre, y de haber recurrido incluso a amenazas y operaciones mediáticas. Justamente, en la presentación que realizó hoy, Camani niega todos los cargos y apunta a que no existe ni una sola prueba concreta que lo relacione con esas acusaciones.

Según el escrito, Camani había requerido oficialmente que se le permitiera instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el CEAMSE. Para Tapia, autorizar el negocio significaba manejar un flujo de fondos estatal de alto impacto. Frente a este pedido, respondió con una negativa total. “Me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes, manteniendo una decisión firme”, planteó.

Debido a esto, en el primer párrafo de su presentación del escrito que supera apenas las 20 páginas, el empresario fue rotundo: “No he mantenido jamás relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el Sr. Tapia, ni de manera directa ni a través de intermediarios”. Asimismo, reforzó su posición con una explicación sobre la competencia del CEAMSE, el organismo que Tapia preside. Sostuvo que esa entidad no autoriza la colocación de radares o cámaras, sino que las decisiones corresponden a los municipios o al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.