En una actitud poco habitual para la Justicia, el juez laboral de Chaco, Sergio Bosch, bajó desde su despacho y se encontró con un grupo de empleados públicos que protestaban este lunes ante su juzgado por una causa en trámite. Aunque evitó pronunciarse sobre su futuro fallo, se mostró empático con quienes reclamaban y les pidió "paciencia".

"Quiero que sepan que todos los expedientes que manejo son de gente que quedó sin trabajo, gente que está enferma, gente que murió en muchos casos. Lo único que tengo para pedirles es paciencia. Sé que es un montón, sé que estamos hablando del sueldo, del plato en la mesa", señaló el funcionario judicial, a cargo del Juzgado Laboral N�3 de Resistencia.

La protesta se convocó por una abrupta reducción salarial que afectó a los trabajadores del Ministerio de Producción del Chaco, a raíz de la eliminación del Fondo Estímulo Productivo (FEP), un complemento salarial vigente desde 2015. La medida la ejecutó el gobernador Leandro Zdero, que eliminó este esquema a comienzos de 2026.

Según los manifestantes, el recorte afecta a alrededor de 600 empleados activos y más de 200 jubilados. Ante la caída salarial, presentaron una demanda colectiva que recayó en el juzgado de Bosch.

Durante el diálogo publicado por Chaco TV Stream, Bosch conversó con los afectados y aclaró los límites de la conversación que estaba teniendo. "Que yo baje, hable con ustedes y estudie el tema no quiere decir que voy a fallar a favor de ustedes. Mi trabajo es respetar la ley y, si puedo, hacer un poquito de justicia. Pero no les puedo prometer que van a ganar. Tampoco le puedo prometer al gobierno que van a ganar ellos", sostuvo.

Ante el pedido de los manifestantes para mantener una reunión más amplia, el magistrado explicó que el espacio físico del juzgado era limitado, pero se comprometió a recibir a un grupo de representantes. "Me tiemblan las piernas. Me encantaría que suban todos, pero no hay lugar. Voy a recibir a unos cuantos, los que ustedes elijan", dijo al volver al edificio judicial.

Tras el inicio del conflicto, el gobierno de Zdero defendió el recorte al detectar irregularidades en la financiación del fondo, que utilizaba recursos estatales. El Fondo Estímulo Productivo (FEP) fue creado por el entonces gobernador peronista Domingo Peppo.

Ahora bien, el mandatario de la UCR alineado con el gobierno de Javier Milei anunció que se avanzará en un nuevo marco normativo para resolver esas falencias. La secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, defendió la decisión al señalar que la resolución que creó el fondo "iba en contra de una ley provincial que establece la intangibilidad de esos recursos".

"Las multas y sanciones que aplica el Estado en su poder de contralor ingresaban a una cuenta provincial y se transferían directamente a los empleados. Los dictámenes de los órganos de control determinaron que ese uso del dinero no correspondía y que debía ir a las arcas del Estado", sostuvo.

La difusión del video del encuentro entre Bosch y los manifestantes tuvo su repercusión política. En redes sociales, el diputado libertario Iván Gyoker comentó de manera jocosa �"Fuiste Gilda jaja"�, generando críticas del diputado Nicolás Slimel, quien lo interpeló sobre una posible burla a los trabajadores o amenaza al juez.

De inmediato, Gyoker retiró el comentario y ofreció disculpas públicas, explicando que fue una confusión y no una falta de respeto ni amedrentamiento: "Lamento que pueda parecer una de esas dos cosas y entiendo el enojo que puede generar un comentario descontextualizado. Me disculpo".

El Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco emitió un comunicado condenando lo ocurrido. Y si bien respaldó la legitimidad de que haya una crítica institucional, subrayó que el respeto a los magistrados es esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho y que los agravios personales o la mofa institucional no tienen lugar en el ámbito democrático.

En otra causa en trámite reciente, el juez Sergio Bosch, dictó un fallo obligando a una empresa a pagar una indemnización superior a 27 millones de pesos a una trabajadora despedida durante una licencia médica. El caso involucró a una empleada con 18 años de antigüedad que, afectada por un trastorno de ansiedad atribuible a las condiciones laborales, cumplió sucesivos períodos de licencia desde noviembre de 2021 y tuvo una recaída grave al intentar regresar al trabajo.

Fuente: telam