El espacio, que representa a unas 60 entidades de la agroindustria nacional, advirtió que las tres comisiones de Diputados que trataron este proyecto emitieron un dictamen de mayoría, en donde mantienen la suba de retenciones a distintas actividade

“El CAA seguirá trabajando con todos los legisladores y gobernadores para lograr que la ley no incremente derechos de exportación a ninguno de los complejos agroindustriales exportadores”, señalaron a través de un comunicado.

Y agregaron: “Reconocemos que el Gobierno ha introducido cambios y exclusiones que favorecen a algunas economías regionales, pero queda un universo amplio de productos que generan empleo, producción, exportaciones, y divisas con visión federal”.

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RETENCIONES Y POTENCIAL EXPORTADOR

En línea con su propuesta, el CAA remacó que “Argentina necesita crecer en exportaciones agroindustriales de forma exponencial, con un tipo de cambio único y competitivo”. En este punto, reiteraron dos de sus reclamos centrales, que son eliminar los derechos de exportación y que no haya restricciones de ningún tipo para comercializar.

“Está demostrado que esa hoja de ruta generara más de 800.000 nuevos puestos de empleo y 100.000 millones de dólares anuales de exportaciones”, destacaron. 

Tras conocerse la decisión del oficialismo de avanzar en una suba de los derechos del 15% para toda la economía, los reclamos del agro se enfocaron en dos líneas principales. Por un lado, los referentes de la Mesa de Enlace y cámaras del sector detallaron los impactos negativos de esta decisión en las economías regionales.

De este modo y tras una serie de debates y negociaciones, el Gobierno revisó esta decisión y anunció que una serie de economías regionales quedarán por fuera de este aumento. 

La otra discusión se ha generado a partir de los reclamos de los exportadores de granos. Cabe recordar que en el caso de soja, se equipararon las retenciones entre granos y subproductos. De este modo, la industria perdió el diferencial de 2% que ostentaba y este hecho desencadenó fuertes reclamos de entidades de peso, como el caso de la Camara de la Industria Aceitera (Ciara) y el propio CAA.

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