La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), una entidad de segundo grado, pero de peso en la opinión pública del agro, se metió de lleno en la polémica por la postulación del juez Ariel Lijo para que pase a formar parte de la Corte Suprema de Justicia.

En un comunicado, Carbap expresó su preocupación ante esta posibilidad, porque considera que Lijo es “un juez que no brinda las garantías de seguridad para impartir justicia desde tan importante cargo y que ha generado un sinnúmero de debates, que ningún juez probo y respetable debería generar”.

“Nuestro sector productivo, al igual que la Argentina,  necesita más que nunca importantes inversiones para poder impulsar el crecimiento como han hecho nuestros países vecinos, y para ello se requiere una seguridad jurídica, que la postulación de este juez no ofrece”, disparó Carbap.

Y también argumentó que “la Corte Suprema tiene la misión imprescindible de asegurar la supremacía de la Constitución, la equidad del proceso político democrático y garantizar el respeto y realización de los derechos fundamentales” y que “la suerte de esta misión depende de manera crítica de la idoneidad, moralidad, virtudes cívicas, compromiso democrático y competencia de sus integrantes”.

CARBAP, CONTRA ARIEL LIJO

Bajo este panorama, el posible nombramiento de Lijo “solo se traducirá en una pérdida de confianza y legitimidad para la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su conjunto, y en una negativa mirada de los inversores, que tanto necesitamos”, continuó Carbap.

Por todos estos motivos, la entidad que “representa a decenas de miles de productores bonaerenses y pampeanos que invierten día a día en nuestro país”, insistió en expresar su desacuerdo con la postulación de Lijo a la Suprema Corte.