Uno de los ejes de trabajo en la gestión del presidente Javier Milei es la simplificación en los trámites y la reducción de la burocracia.

Pero en los últimos días, una medida destinada al sector de transportistas generó una fuerte reacción por parte de una entidad que representa a ese sector.

El Gobierno nacional, a través del Decreto 832/24, anunció medidas que inciden en el transporte de cargas.

Fundamentalmente, cambio en el alcance del Registro Único de Transporte Automotor (RUTA): hasta ahora, debían emitirlo todos aquellos que carguen más de 700 kilogramos y a partir de ahora, son 3.500 kilos. De esta manera, pick-ups y utilitarios pequeños pueden evitar este papelerío.

Además, se eliminó la necesidad de contar con una Licencia de conducir especial para poder manejar estos vehículos, de una provincia a otra.

TRANSPORTISTAS, CONTRA STURZENEGGER

Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el argumento para esta decisión fue eliminar costos operativos para esta actividad.

Pero lejos de recibir bien este anuncio, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) salió con los tapones de punta y criticó con dureza esta decisión.

“Esta medida, lejos de reducir los costos operativos como asegura el ministro Federico Sturzenegger, pone en grave riesgo la seguridad vial y fomenta prácticas que podrían incrementar la siniestralidad en las rutas del país”, advirtió Roberto Rivero, Director Ejecutivo de la entidad.

En este sentido, remarcó que “es una irresponsabilidad pensar que eliminar la obligatoriedad de la capacitación y el examen psicofísico hará más competitivo al sector. Lo único que logra es generar más inseguridad en rutas que ya están destruidas”.

Para los transportistas, este decreto no baja costos y entienden que sólo aumenta los riesgos. “La seguridad vial debe ser la prioridad, no una moneda de cambio en un juego de falsa austeridad”, manifestó el directivo.

En sus redes sociales, el ministro Sturzenegger defendió esta medida y brindó datos sobre sus beneficios.

“En 2023 los transportistas tuvieron que ir a alguna de las 202 ubicaciones para hacer 150.000 trámites con un costo de 500 millones de pesos. El certificado podía demorar 70 días en el que el vehículo quedaba inutilizado”, señaló en la red social X.

“UNA TROMPADA A LA SEGURIDAD VIAL”

Rivero consideró que la normativa no está vinculada a reducir los costos de trabajo y que su implementación solo favorecerá la informalidad del sector.

“Esto abre la puerta para que transportistas irresponsables eludan los requisitos esenciales, como la capacitación de los choferes y la realización de los exámenes psicofísicos, elementos clave para asegurar que los conductores estén debidamente capacitados”, explicó.

Sin rodeos, el director ejecutivo afirmó que “esta medida es una trompada a la seguridad vial”. En este punto, argumentó que al permitir que la capacitación y el examen psicofísico sean voluntarias, se incrementará la siniestralidad, que a su vez impactará en el precio de los seguros.

LICENCIA DE TRANSPORTE

Desde Fadeeac explicaron que la  Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) –cuenta con dos componentes esenciales: el examen psicofísico y la capacitación teórico- práctica de los conductores.

La evaluación psicofísica se realiza en cualquier institución de salud habilitada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y la capacitación teórico-práctica está a cargo de Formadores de las cámaras empresarias del transporte que integran diferentes Federaciones.

En el caso de Fadeeac -a través de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT)- los cursos se dictan en 89 Unidades Evaluadoras distribuidas en todo el país y en su sede bonaerense de Escobar.

El sistema cuenta con más de 200 aulas-taller y más de 230 Formadores, que desde 1992 han dictado más de cuatro millones de capacitaciones de diferentes tipos, con simuladores de camión de última tecnología y desarrollo propio cuyo conocimiento se exporta a países de Latinoamérica.

“Este sistema ha sido clave para garantizar que los conductores estén preparados para enfrentar los desafíos de una actividad en constante cambio”, destacó Rivero.

La entidad tampoco ahorró críticas para el  ministro Sturzenegger. En lugar de preocuparse por eliminar la capacitación, cuyo costo representa sólo el 0,3% del salario anual de un chofer, el Ministro debería enfocarse en eliminar la duplicidad de certificaciones cuando un transportista decide colocar/cambiar un tanque de combustible u otros cambios”, enfatizaron.

También mencionaron los valores de certificaciones, que registran un piso de $250.000-$300.000, el costo de multas por acarreo -que fue estimado en $600.000- y los aumentos de peajes, que en el transcurso del año acumularon un 300%,

“Fadeeac hace un llamado al Gobierno para que enfoque sus esfuerzos en resolver los problemas que realmente afectan los costos del transporte”, concluyeron.

Por Infocampo