Así lo hicieron a través de una extensa solicitada publicada en los diarios y titulada “La realidad y la estricta verdad sobre la línea 60. Extorsión, defraudación y usurpación”.
 

 Allí, la Asociación Civil Transporte Automotor (ACTA), la Cámara del Transporte de la provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), “en nombre de la empresa Monsa”, pidieron “disculpas a los más de doscientos mil pasajeros que diariamente se ven perjudicados por la paralización de los servicios de la empresa” que administra la línea 60.

No obstante, aclararon “que no existe en la actualidad ningún conflicto de orden laboral que justifique la realización de una medida de fuerza absolutamente ilegítima e ilegal”.

Asimismo, plantearon que Monsa a mediados de 2010 “se encontraba al borde de la desaparición” y que luego atravesó un “proceso de saneamiento” desde que el grupo de empresas actualmente titular de la firma se hizo cargo de su administración y gestión.

Este proceso, según indicaron las cámaras empresarias en su solicitada, “contó con la colaboración de la inmensa mayoría de los trabajadores”, pero “no fue así con los delegados y un pequeño grupo que los sigue, que respondiendo a intereses políticos e ideológicos continuaron denunciando conflictos inexistentes, extorsionando y procurando perjudicar a la empresa con medidas desleales y abusivas, como el no cobro de pasajes”.

De acuerdo a los empresarios, esta acción gremial buscaba “debilitarla y dañarla económicamente” a la empresa, para “luego manejarla por su propia cuenta, pretendiendo inclusive utilizar para eso los vehículos e instalaciones que son legítima propiedad” de Monsa.

Además, recordaron que “la excusa para generar el conflicto actual se originó en el despido de un conductor que a lo largo de tres años tuvo doce accidentes de tránsito, algunos con varios heridos”, y que “al dictarse la conciliación obligatoria, la empresa retrotrajo el despido”.

No obstante, añadieron en la nota, “los delegados y un pequeño grupo que los acompaña, obligando además al resto de los conductores mediante intimidaciones, amenazas y agresiones físicas (...), continuaron con la medida de fuerza consistente en el no cobro de pasajes”.

En ese marco, remarcaron que “es una mentira absoluta la denuncia de despidos que realizan los delegados” y que “en la actualidad no hay ningún trabajador despedido”.

Sobre el final de la solicitada, indicaron que “la empresa ha realizado todos los pasos legales y reglamentarios necesarios y confía en una decisión inminente de la justicia que le permita poner las cosas en su lugar y trabajar ordenadamente como lo viene haciendo desde el año 2010”.