El 15 de noviembre de 2024, Enrique Miguel Obregón y su esposa Andrea Gadea radicaron una denuncia penal por estafa ante la Unidad Funcional de Instrucción Distrito Tigre, sede General Pacheco, en la causa 14-01-5163-24/00 S/Estafa. Desde entonces, el expediente no registra avances significativos.

Los denunciados son Plácido Villavicencio, Luciana Carolina López y su esposo Jonathan Videla, quienes —según consta en la denuncia— continúan realizando operaciones inmobiliarias irregulares.

Villavicencio, vecino de Enrique desde hace más de 20 años, se aprovechó del vínculo de confianza al saber que estaba buscando comprar una propiedad. Fue él quien acercó la supuesta operación, actuando como nexo permanente entre las partes y participando en todas las negociaciones.

La vivienda en cuestión se encuentra ubicada en Almirante Brown 1534, Ingeniero Maschwitz, y los supuestos vendedores fueron identificados como Luciana Carolina López y Jonathan Videla, domiciliados en Rafael Obligado 666, Don Torcuato, teléfono 11-26-16-56-16.

En una primera instancia, Enrique entregó $1.500.000 a Villavicencio como seña para iniciar los trámites bancarios. Posteriormente, los titulares de la vivienda exigieron 7.000 dólares para desalojar la propiedad, negándose a emitir recibos. Ante esa irregularidad, Enrique se negó a continuar sin respaldo documental.

Para “formalizar” el trámite, la operación se canalizó a través de la consultora Estrategia Sociedad Anónima, ubicada en Av. 12 de Octubre 3941, primer piso, Pilar, donde se acordó que el desalojo costaría 4.000 dólares.

El valor total de la vivienda era de 94.000 dólares, incluyendo una deuda de 70.000 dólares con el Banco Ciudad, monto que Enrique debía cubrir para completar la operación.

En ese contexto, Enrique entregó 2.000 dólares, recibiendo un comprobante emitido por la consultora. Los 2.000 dólares restantes debían ser aportados por Carolina López. Sin embargo, el 21 de octubre de 2024, López se presentó en el domicilio de los denunciantes alegando que no había conseguido el dinero y solicitó que se lo adelantaran. Andrea Gadea entregó los 2.000 dólares restantes.

Desde ese momento, Carolina López desapareció. Nunca entregó el dinero a la consultora ni devolvió la suma recibida.

El perjuicio económico total incluye $1.500.000 y 4.000 dólares, con recibos parciales y compromisos incumplidos. Posteriormente, los denunciantes tomaron conocimiento de que los mismos involucrados intentaron vender la misma propiedad a otras personas, repitiendo la maniobra. Además, la persona que supuestamente debía ser desalojada ya había sido víctima de una estafa previa por 60.000 dólares, lo que evidencia un patrón reiterado.

Plácido Villavicencio, además, opera vinculado a la firma Araujo Propiedades, que alguna vez funcionó legalmente en la zona de Pacheco y hoy lo hace de manera clandestina desde un estacionamiento ubicado sobre calle Buenos Aires. En ese lugar no solo se realizan operaciones inmobiliarias irregulares, sino que también funcionaría un depósito de medicamentos para farmacias, dentro de una casilla de madera precaria, sin habilitación ni controles. El estacionamiento no paga impuestos y acumula una deuda estimada en más de 15 millones de pesos, sin intervención municipal hasta el momento.

Hace aproximadamente 15 días, Enrique se presentó personalmente en la Fiscalía y aportó información clave:
– Teléfonos personales, laborales y domicilios de Carolina López y Jonathan Videla.
– Dos domicilios adicionales donde continuarían operando.

Además, al momento de la denuncia se entregó un pendrive con más de 150 audios y alrededor de 120 mensajes, correspondientes a Villavicencio y López.

Pese a la contundencia de las pruebas, la Fiscalía no citó a los imputados, no llamó a los testigos ni impulsó medidas de investigación. Tampoco fueron convocados los testigos de la consultora, quienes podrían acreditar la entrega del dinero.

Cabe destacar que Villavicencio estuvo presente en todas las negociaciones, que el millón y medio de pesos entregado incluía parte de una comisión de 5.000 dólares que él exigía, y que la propiedad ya había sido vendida anteriormente por Villavicencio a las mismas personas, lo que refuerza su rol activo en la maniobra denunciada.

Una causa paralizada

A más de un año de la denuncia, los acusados continúan libres y operando, mientras las víctimas esperan respuestas. La inacción de la Fiscalía de Tigre deja expuesta una grave falta de impulso judicial frente a una causa por estafa que cuenta con pruebas, testigos y documentación suficiente.

Datos de contacto de la Fiscalía:

Unidad Funcional de Instrucción Distrito Tigre – Sede General Pacheco
Dirección: Entre Ríos 559, General Pacheco
Teléfono: 4512-9904
Correo: [email protected]