El futuro de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación; la salida de Carlos Fayt de la Corte Suprema de Justicia, que quedará con sólo tres miembros, y el cambio de correlación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura colocan a la Justicia al tope de la agenda institucional que recibirá el presidente electo Mauricio Macri.

Gils Carbó está convencida que una de las primeras medidas que tomará el nuevo gobierno será desplazarla de la jefatura de los fiscales y así lo dijo en una concurrida reunión anual del organismo, donde denunció un "golpe institucional" y aseguró que lo resistirá.

La titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) cree que cuando el frustrado ministro de área, el radical Ernesto Sanz, hablaba de que no le temblaría la mano para firmar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) si carece de respaldo legislativo, se refería precisamente a la forma en que se buscará su relevo.

El nuevo presidente ya sostuvo que la tarea de la funcionaria al frente de los fiscales había sido "partidista", algo inadmisible en el sistema de administración de justicia donde el equilibrio y la independencia de las presiones del gobierno son un valor central.
Por eso dio por descontado su alejamiento, al igual que el de otros funcionarios de áreas sensibles como el Banco Central, la Afsca y el sistema de medios públicos, cuyos titulares fueron votados por el Senado, aunque tengan plazo en su mandato.
La diferencia la explicó la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, al destacar que si el nuevo gobierno busca remover a Gils Carbó deberá hacerlo mediante un juicio político en el Congreso, donde se pruebe el mal desempeño.

Al tiempo que negaba su propia renuncia, Higthon recordó que el cargo de Procuradora, como titular de un organismo extrapoder de rango constitucional, fue votado por una mayoría especial en el Senado y por ende es equiparable al de un miembro de la Corte Suprema.

La situación de la funcionaria fue conversada incluso en la visita protocolar que el próximo ministro de Justicia, Germán Garavano, realizó a la Asociación de Magistrados en los últimos días.

Aunque su conducción está manifiestamente enfrentada al kirchnerismo, su titular, Ricardo Recondo, dejó trascender un pedido de cautela para que el gobierno entrante no caiga en actitudes en los bordes de la legalidad.

Una de las alternativas que manejaría el nuevo ministro sería el cambio de la ley orgánica del MPF, fijando la caducidad de los mandatos, pero esa norma tendría vigencia hacia futuro y nunca hacia atrás.

De igual manera, en la carpeta de Garavano figuraría modificar la ley del Consejo de Magistratura a pesar que el cambio de gobierno lo beneficiará, ya que podrá nombrar al nuevo representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo y se invertirán los resultados de las votaciones de 7 a 6.

Sancionada en el 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, días antes del balotaje la norma que le dio forma fue declarada inconstitucional por una Cámara federal.

El fallo deberá ser revisado por la Corte que sería, virtualmente, juez y parte, ya que en el anterior sistema, el presidente del máximo tribunal era a su vez, titular del organismo encargado de nominar y remover a los jueces.

Gils Carbó recibió el respaldo de las cabezas del kirchnerismo de ambas cámaras del Congreso, quienes le aconsejaron que no ceda a las presiones para que deje el cargo.

Le dijeron que si es desplazada por un DNU el caso marcharía a convertirse en un conflicto de poderes en el comienzo mismo del nuevo gobierno, que hizo de su apego a la legalidad una bandera.

Por eso, Gils Carbó comentó a sus allegados que no descarta que ante una denuncia judicial en su contra por un caso de supuesta "partidización", un juez haga lugar a una medida cautelar y ordene apartarla del cargo por presunción de derecho, e incluso que la haga desalojar de sus oficinas por la fuerza pública.

El tema obligaría seguramente a intervenir a la Corte Suprema a través de un "per saltum" dado que la procuradora es la fiscal natural ante el máximo tribunal pero ya se habría creado una situación de hecho y su posición dejará de ser un tema institucional para convertirse en materia de una negociación política.

Un día después de la asunción de Mauricio Macri, también dejará su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el ministro Carlos Fayt, quien cumple su anhelo de sobrevivir al kirchnerismo.

Luego de 32 años en el tribunal y de convivir con ocho presidentes, el ministro decano -próximo a cumplir 98 años- dejará la cabeza del Poder Judicial, que quedará reducida a una mínima expresión de tres miembros, dos menos de los fijados por ley en el 2006.

En el 2003, Néstor Kirchner descabezó a la Corte de "la mayoría automática" dejada por el menemismo denunciándola por una cadena nacional que hizo renunciar a Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López, y promovió la destitución por juicio político en el Senado a Eduardo Moliné O`Connor y Antonio Boggiano.

Junto a la imposición de cláusulas autolimitantes, como someter a los candidatos a objeción y debate, prestigió al gobierno y dio nacimiento a una Corte de figuras insospechadas.

Trece años después, la opción que se abre para designar los reemplazantes de Fayt y del renunciante Raúl Zaffaroni sería constituir una mayoría especial en la cámara alta, de la que el nuevo oficialismo carece.

La misma que consiguió el gobierno saliente para imponer a Roberto Carlés y ahora a Domingo Juan Sesin y Eugenio Sarrabayrrouse como "cortesanos" ante la negativa de los bloques entonces opositores a resolver esa recomposición hasta el cambio de gobierno.