Pérez Casado, titular del Juzgado Comercial 18, tomó esta decisión tras una reunión que mantuvo con la comisión interna gremial de Cresta Roja, representantes del gobierno y los probables compradores de la empresa.
 

El delegado gremial Julio Gramajo explicó hoy a Télam que la reunión del lunes pasado, que se extendió durante cinco horas, fue informativa y participaron sólo cuatro empresas, pero ningún gremio, en referencia a las versiones acerca del interés entre los compradores del Sindicato de Trabajadores de la Carne.

La segunda audiencia se desarrolló hoy en el juzgado de la calle Marcelo T. de Alvear 185 de la Ciudad de Buenos Aires y fue presidida por la magistrada.

Como se sabe, la Justicia decretó ayer la inhibición de bienes de todas las sociedades relacionadas con la familia Rasic, dueños de Cresta Roja, por lo cual quedaron inhibidos los bienes de Granjas Ora, Techos Rojos, Unigranja, Rinsel, Humala Argentina, La Vert, Humala SA (sociedad extranjera) e Inver Mundial Compañía de Inversión SA (sociedad extranjera).

La jueza Pérez Casado fundamentó la resolución al haber observado “una gran cantidad de inmuebles sobre los cuales la fallida (por Cresta Roja) ha efectuado inversiones millonarias”, en el marco de la presunta crisis de la compañía avícola.

En las dos plantas de Cresta Roja, ubicadas en los partidos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza, trabajan unos 5.000 obreros que producían hasta la quiebra dispuesta la semana pasada por la Justicia unos 400.000 pollos por día, convirtiéndola en la mayor empresa del sector del país.

Gramajo aclaró hoy a Télam que “en ninguna de las dos audiencias participaron Coto ni el Sindicato de la Carne”, como trascendió esta semana.

“Ayer (por el martes) acompañamos a dos posibles compradores, uno de ellos es Tres Arroyos, a Ezeiza y El Jagüel para mostrarles el estado de las dos plantas”, comentó hoy Gramajo.

El conflicto en Cresta Roja empezó en 2014 cuando la compañía de los hermanos Rasic adujo supuestos problemas económicos con el fin de conseguir ayuda financiera del gobierno anterior, bajo amenazas de cierre y despido del personal.

Los obreros respondieron con medidas de fuerza que llegaron hasta el corte parcial de la autopista Riccheri, que provocó inconvenientes en el tránsito hacia el aeropuerto internacional y la posterior represión de la Gendarmería Nacional que causó heridas a varios trabajadores, uno de ellos de gravedad, y la detención de otro de los operarios.

Finalmente, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca (hijo), recibió la semana pasada a miembros de la comisión interna gremial ante quienes se comprometió con diversos tipos de ayuda económica y social para todos los trabajadores hasta hallar una solución definitiva al conflicto.