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POLITICA

21 de mayo de 2021

El FdT propone una ley para prevenir y erradicar la violencia institucional en CABA

"Queremos fuerzas de seguridad más democráticas, que nos cuiden", aseveró Cámpora.

En su presentación, la legisladora porteña del Frente de Todos Lucía Cámpora advirtió que "la Policía de la Ciudad, lamentablemente, protagonizó muchísimos hechos de violencia institucional".

La legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Lucía Cámpora presentó este jueves un proyecto de ley para "prevenir y erradicar" la violencia institucional ejercida por las fuerzas policiales en la Ciudad y dar "acompañamiento y reparación a las víctimas".
"La violencia institucional es una deuda de la democracia, que reproduce aquella ejercida por la dictadura y que hoy tiene como principales víctimas a los pibes y pibas más jóvenes y humildes, a los trabajadores de la economía popular, los migrantes y las disidencias LGBTIQ+", dijo Cámpora al presentar el proyecto de su autoría, durante un encuentro virtual transmitido en vivo por la Legislatura porteña.

Informó, por ejemplo, que en 2019, el 80 por ciento del total casos de violencia institucional reportados en la Capital "tuvo como protagonistas a agentes de la Policía de la Ciudad".

"Queremos fuerzas de seguridad más democráticas, que nos cuiden", continuó y luego explicó en qué consiste el proyecto, que presentó junto con sus compañeros de bloque Victoria Montenegro, Lorena Pokoik, Claudio Morresi, María Bielli, Ofelia Fernández y Laura Velasco.
  La iniciativa fue presentada por la legisladora Lucía Cámpora. La iniciativa fue presentada por la legisladora Lucía Cámpora.


El proyecto contempla, entre otras cosas, crear un registro de casos de violencia institucional y también centros de denuncias ajenos a la fuerza.

"No pueden ser las propias fuerzas la que tengan que recibir las denuncias", comentó Cámpora y añadió que el texto prevé también la "formación de los agentes en materia de derechos humanos".

Además, la propuesta de Cámpora incluye "principios básicos para el uso de armas de fuego, como la proporcionalidad y racionalidad, y criterios para intervenir en movilizaciones".

"La violencia institucional expresa de manera extrema las desigualdades de nuestra sociedad", afirmó la legisladora al concluir su presentación, y añadió: "Cada caso de gatillo fácil nos duele".

En la actividad estuvo presente también la diputada nacional Paula Penacca (FdT), quien impulsa una iniciativa similar en el Congreso.
"La violencia institucional nace de la necesidad de imponer un modelo económico y político", dijo Penacca, y añadió que erradicarla "tiene un

eje central en la decisión política y otro en que la sociedad acompañe".

Advirtió que "muchas veces la violencia se ejerce sobre esas mismas fuerzas de seguridad, en sus condiciones laborales, en la lógica en que son formados, en las prácticas abusivas que se desarrollan dentro de la fuerza".

Del encuentro también participó Miriam Medina, de la organización Madres en Lucha Contra la Impunidad, cuyos hijos e hijas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

A su turno, Medina destacó que la norma propuesta "contempla la atención a cada familia que le matan un hijo o hija" y "un lugar donde hacer denuncias que no sea una comisaría, que esté atendida por civiles y que asegure que esa denuncia llegue a la justicia".

También celebró la posibilidad de contar con un registro de los agentes que "actúan mal, que el Estado designa para cuidarnos y terminan dando una golpiza, torturando y hasta asesinando".

"Mi hijo murió a manos de un genocida que tenía perpetua. No queremos nunca más una policía represora, torturadora y desaparecedora", enfatizó.

Miriam Medina es madre de Sebastián Bordón, quien fue asesinado en Mendoza en 1997, cuando tenía 18 años y se encontraba allí de viaje de egresados.

El juicio por el asesinato de Bordón se realizó tres años después y determinó que el joven fue golpeado por los policías Daniel Gómez, Abelardo Cubillos y Roberto Gualpa, con la complicidad del entonces comisario Hugo Trentini, quien años después fue condenado por delitos de Lesa Humanidad.

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