Según indicaron, las alertas se encienden “tanto por su regresividad en el uso de los combustibles ecológicos como por el alto poder de discrecionalidad que le otorga a la Autoridad de Aplicación“, que según el proyecto sería la Secretará de Energía.

Lo cierto es que la Ley que se tratará en el recinto de la Cámara baja, dado que ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, promueve una reducción de la mezcla de biodiesel en gasoil/diesel del 10% hasta 3% y del 12% hasta el 9% en el caso del bioetanol en naftas, algo que desde el CAA “se aplicaría exclusivamente y sin razón alguna a las empresas que lo producen en base a maíz”.

El segundo punto de alarma es el “súper poder” que se le otorga a la Secretaria de Energia en el inciso g, artículo 3 del proyecto, que dicta lo siguiente: “Garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos”.

Para el Consejo, esto es “un intento claro y directo de intervención del Estado en las diferentes cadenas de valor, especialmente en la estrategia productiva, la logística y la política comercial de las empresas proveedoras de insumos críticos (como el maíz y el aceite de soja), constituyendo un impedimento concreto para su normal y eficiente desarrollo”.

Este punto también fue intensamente criticado por Claudio Molina, uno de los referentes del sector de los biocombustibles y Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, que señaló en diferentes circunstancias que el proyecto otorga “amplias y discrecionales facultades a la Autoridad de Aplicación de bajar los contenidos mínimos de biocombustibles en las mezclas, o de intervenir en el mercado de aceites, maíz, azúcar, en sintonía con la Ley de Abastecimiento, o de fijar precios que podrían no ser representativos de los costos de producción”.

Por ello el Consejo asegura que “el proyecto de ley presenta numerosos vicios de forma y de fondo, por lo que es necesario prorrogar la actual ley para poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles, en un todo de acuerdo con los acuerdos climáticos internacionales firmados y ratificados recientemente por la Argentina”.