INVESTIGACIÓN
Condenan a un organización que estafó al fisco en $250 millones con facturas truchas
La organización, detectada y denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), operó al menos entre enero de 2015 y diciembre de 2016,
La investigación la inició la AFIP en 2017, al detectar la constitución de sociedades “ficticias” que vendían comprobantes apócrifos a contribuyentes reales. Dieciséis de sus integrantes recibieron penas de entre dos y siete años y medio de prisión.
Dieciséis integrantes de una asociación ilícita de la ciudad santafesina de Rosario acusada de estafar al fisco en casi $250 millones mediante la producción y venta de “facturas truchas" fueron condenados a penas de entre dos y siete años y medio de prisión, informaron fuentes judiciales.
La organización, detectada y denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), operó al menos entre enero de 2015 y diciembre de 2016, según se pudo probar en el juicio que terminó este miércoles.
Entre los condenados por el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario hay dos contadores públicos que también fueron inhabilitados para ejercer la profesión y una mujer resultó absuelta, al entender la Fiscalía que no existían pruebas para pedir una condena, añadieron las fuentes.
Además, el Tribunal ordenó el decomiso de la totalidad del dinero incautado durante la investigación que asciende a 39.235 dólares; 806.787 pesos y 1.405 euros, según la sentencia.
Siete de los 16 imputados fueron condenados a penas de ejecución condicional, por lo que seguirán en libertad, pero el resto deberá cumplirla de modo efectivo.
El fiscal del juicio, Federico Reynares Solari, dijo a Télam que “en términos generales" quedó conforme con la sentencia, "porque son penas de cumplimiento efectivo y en su momento hubo prisión preventiva para los acusados”.
Agregó que “por lo general, en delitos tributarios, los imputados permanecen en libertad”.
La investigación la inició la AFIP en marzo de 2017 al detectar la constitución de sociedades “ficticias” que tenían por objetivo vender comprobantes apócrifos a contribuyentes reales, con el fin de permitirles mediante ese ardid reducir la base imponible en el cálculo de los impuestos a las Ganancias e IVA, explicaron voceros judiciales.
Cómo operaba la banda
De acuerdo a la investigación del organismo recaudador, la organización, que estaba dividida en dos grupos, emitió facturas apócrifas por $1.204.276.275 entre 2015 y 2016, lo que ocasionó un perjuicio al fisco por $247.315.951.
Uno de los grupos estaba liderado por Marcelo Liporaci, que fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita tributaria agravada.
Los otros dos acusados como organizadores de ese grupo fallecieron antes de la sentencia, explicó el fiscal.
El otro grupo estaba constituido por Ricardo Astudillo (condenado a 7 años y 6 meses de prisión); Adrián Zeballos (7 años) y la contadora María Cristina Ottaviano (5 años y 6 meses).
De acuerdo a la investigación, por debajo de los organizadores operaba un grupo de personas encargada de “vender” las facturas de sociedades o empresas ficticias, que eran inscriptas ante la AFIP a través de personas insolventes o de escasos recursos económicos.
A partir de la detección de las facturas truchas por parte de la AFIP en 2017, la Justicia federal pudo determinar la existencia de una organización con diferentes roles de sus miembros y creada con el objetivo de permitir la evasión impositiva de contribuyentes reales.
Según la sentencia, también fue condenado el contador Eduardo Furini a 5 años de prisión, quien tenía contacto con ambos grupos generadores de comprobantes apócrifos pero, a la vez, tenía su propia usina de facturas, dijeron las fuentes.
Si la condena queda firme, no podrá ejercer su profesión por 10 años.
La organización, detectada y denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), operó al menos entre enero de 2015 y diciembre de 2016, según se pudo probar en el juicio que terminó este miércoles.
Entre los condenados por el Tribunal Oral Federal 3 de Rosario hay dos contadores públicos que también fueron inhabilitados para ejercer la profesión y una mujer resultó absuelta, al entender la Fiscalía que no existían pruebas para pedir una condena, añadieron las fuentes.
Además, el Tribunal ordenó el decomiso de la totalidad del dinero incautado durante la investigación que asciende a 39.235 dólares; 806.787 pesos y 1.405 euros, según la sentencia.
Siete de los 16 imputados fueron condenados a penas de ejecución condicional, por lo que seguirán en libertad, pero el resto deberá cumplirla de modo efectivo.
El fiscal del juicio, Federico Reynares Solari, dijo a Télam que “en términos generales" quedó conforme con la sentencia, "porque son penas de cumplimiento efectivo y en su momento hubo prisión preventiva para los acusados”.
Agregó que “por lo general, en delitos tributarios, los imputados permanecen en libertad”.
La investigación la inició la AFIP en marzo de 2017 al detectar la constitución de sociedades “ficticias” que tenían por objetivo vender comprobantes apócrifos a contribuyentes reales, con el fin de permitirles mediante ese ardid reducir la base imponible en el cálculo de los impuestos a las Ganancias e IVA, explicaron voceros judiciales.
Cómo operaba la banda
De acuerdo a la investigación del organismo recaudador, la organización, que estaba dividida en dos grupos, emitió facturas apócrifas por $1.204.276.275 entre 2015 y 2016, lo que ocasionó un perjuicio al fisco por $247.315.951.
Uno de los grupos estaba liderado por Marcelo Liporaci, que fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita tributaria agravada.
Los otros dos acusados como organizadores de ese grupo fallecieron antes de la sentencia, explicó el fiscal.
El otro grupo estaba constituido por Ricardo Astudillo (condenado a 7 años y 6 meses de prisión); Adrián Zeballos (7 años) y la contadora María Cristina Ottaviano (5 años y 6 meses).
De acuerdo a la investigación, por debajo de los organizadores operaba un grupo de personas encargada de “vender” las facturas de sociedades o empresas ficticias, que eran inscriptas ante la AFIP a través de personas insolventes o de escasos recursos económicos.
A partir de la detección de las facturas truchas por parte de la AFIP en 2017, la Justicia federal pudo determinar la existencia de una organización con diferentes roles de sus miembros y creada con el objetivo de permitir la evasión impositiva de contribuyentes reales.
Según la sentencia, también fue condenado el contador Eduardo Furini a 5 años de prisión, quien tenía contacto con ambos grupos generadores de comprobantes apócrifos pero, a la vez, tenía su propia usina de facturas, dijeron las fuentes.
Si la condena queda firme, no podrá ejercer su profesión por 10 años.
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