Los reclamos por una mayor legislación contra el programa de vigilancia israelí Pegasus y una moratoria internacional para su venta se multiplicaron esta semana desde altos funcionarios de Naciones Unidos y la Unión Europea (UE), a dos meses de revelarse su utilización para espiar de forma ilegal a políticos, periodistas y activistas de derechos humanos, entre otras figuras públicas. "El nivel sin precedentes de vigilancia actual en todo el mundo por parte de actores estatales y privados es incompatible con los derechos humanos. Muchos, si no la mayoría de nosotros, desconocemos la cantidad de información que se recopila, procesa, utiliza y distribuye sobre tantos aspectos de nuestras vidas", alertó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al hablar el martes pasado en el Consejo de Europa. "Los ataques contra defensores de los derechos humanos, periodistas y políticos es solo otro ejemplo sobre cómo herramientas que están supuestamente destinadas a abordar riesgos de seguridad pueden terminar siendo un arma contra personas con opiniones disidentes", añadió. Pegasus es un software que explota las vulnerabilidades de los teléfonos móviles inteligentes para instalarse y, una vez en el aparato, exporta los datos del usuario (correos electrónicos, mensajes, fotografías, conversaciones) hacia páginas de internet creadas por la empresa NSO, que se renuevan constantemente para evitar ser detectadas. "Los ataques contra defensores de los derechos humanos, periodistas y políticos es solo otro ejemplo sobre cómo herramientas que están supuestamente destinadas a abordar riesgos de seguridad pueden terminar siendo un arma contra personas con opiniones disidentes" MICHELLE BACHELET La exhortación de la expresidenta chilena y funcionaria de la ONU fue clara: instó a que exista una moratoria internacional para la venta de tecnologías de vigilancia y aprovechar ese tiempo para que los Estados "impulsen marcos legales que aseguren la privacidad" de sus ciudadanos. Con un discurso similar, el comisionado de Justicia de la UE, Didier Reynders, dijo al día siguiente que el bloque debe "legislar rápidamente" sobre el derecho de privacidad y confidencialidad para evitar escándalos como el de Pegasus. Michelle Bachelet habló el martes pasado en el Consejo de Europa. Michelle Bachelet habló el martes pasado en el Consejo de Europa. En el marco de un debate en el Parlamento Europeo sobre el tema, en varios pasajes se mencionó a Hungría, acusado de utilizar el software para espiar a figuras opositoras, algo que el partido del primer ministro Viktor Orban desmiente. Tanto la Justicia como la autoridad que se encarga de la protección de datos en el país lanzaron una investigación tras revelarse que dirigentes, abogados y empresarios figuran entre los vigilados. "Necesitamos una prohibición global en las exportaciones de este tipo de software espía y hacerles las preguntas difíciles a otros Gobiernos, incluyendo a Israel y Arabia Saudita", apuntó durante la sesión la europarlamentaria alemana Hannah Neumann, al ampliar la lista de acusados. Marruecos fue acusado de espiar con el software al presidente francés Emmanuel Macron y Arabia Saudita fue señalado de usarlo para seguir al periodista Jamal Khashoggi, asesinado luego en la embajada saudita en Estambul "Esta es toda una industria que se ha vuelto rebelde en una alianza mortal con los peores dictadores de este mundo, lo que hace imposible el trabajo de los derechos humanos", añadió. La existencia de Pegasus salió a la luz en 2016 cuando un activista de derechos humanos se dio cuenta del intento de instalación en su teléfono iPhone, problema aún vigente y que llevó esta semana a la empresa Apple a actualizar su sistema operativo para corregir la vulnerabilidad El 18 de julio pasado se reveló que el programa sigue operativo, gracias a una investigación a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que aseguró que las pruebas fueron obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de la organización Amnistía Internacional (AI). Desde entonces, Marruecos fue acusado de espiar con el software al presidente francés Emmanuel Macron y Arabia Saudita fue señalado de usarlo para seguir al periodista Jamal Khashoggi, asesinado luego en la embajada saudita en Estambul. India, México y Azerbaiyán están entre los que encabezaron la lista de países donde una gran cantidad de números de teléfono fueron presuntamente identificados como posibles objetivos de clientes de NSO Además, los líderes independentistas catalanes apuntaron que fueron víctimas de la vigilancia del Gobierno español y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció que sus predecesores Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto firmaron 31 contratos con empresas vinculadas a NSO. La nómina de víctimas incluye los números de 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de derechos humanos y 65 empresarios, según los medios de comunicación que informaron sobre el escándalo. India, México y Azerbaiyán están entre los que encabezaron la lista de países donde una gran cantidad de números de teléfono fueron presuntamente identificados como posibles objetivos de clientes de NSO. La firma, por su parte, negó cualquier irregularidad e insiste en que su programa, utilizado en al menos 45 países, sirve a autoridades solo "para combatir el terrorismo y otros delitos". Las autoridades de Defensa israelíes crearon un comité para revisar el negocio de NSO, incluido el proceso mediante el cual se otorgan las licencias de exportación, mientras que el Parlamento puso en funciones una comisión para investigar las acusaciones.