IGLESIA CATÓLICA
Recurren a la Corte Suprema por el sobreseimiento de un exsacerdote acusado de abuso sexual
(Captura Twitter @sepuedevivir)
El Ministerio Público Fiscal de Salta anunció que interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, para que deje sin efecto el pronunciamiento de la Corte de Justicia de esa provincia, que hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad.
El Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF) anunció que interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que deje sin efecto el punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta, que hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de un exsacerdote acusado de abuso sexual, mediante el cual se dispone su sobreseimiento por prescripción de la acción penal.
Fuentes del MPF informaron este miércoles que el lunes 20 de septiembre, la Corte de Justicia salteña dispuso, por el voto de la mayoría, el sobreseimiento del exsacerdote Emilio Raimundo Lamas, por prescripción de la acción penal.
El ex sacerdote acusado: Emilio Raimundo Lamas (Captura Twitter @FelicindaCluney).
Esto por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un sacerdote y por la guarda, y abuso sexual simple agravado por ser cometido por un sacerdote en tres hechos, en perjuicio de una de las víctimas, y por el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda, en perjuicio de otra víctima.
Por ello, el MPF anunció que interpondrá un recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia contra del punto I del pronunciamiento de la Corte local.
Los jueces de la Corte de Justicia de Salta que aprobaron esta resolución fueron su presidente, Guillermo Alberto Catalano; junto a las juezas Sandra Bonari, María Alejandra Gauffin y Teresa Ovejero Cornejo, y su par, Sergio Fabián Vittar.
Pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta
Según la Corte de Justicia de Salta, casos como el de Lamas -como citó en el fallo que benefició al exsacerdote José Carlos Aguilera, acusado de delitos del mismo tipo-, fueron tratados en el precedente Chinque, de 2021, y cuyos fundamentos, en el caso actual, “resultan aplicables al presente y cabe reproducir”.
Entre otros argumentos, el pronunciamiento del alto tribunal provincial refiere que “como bien señala Claus Roxin, la prohibición de retroactividad goza de una permanente actualidad político-jurídica por el hecho de que todo legislador puede caer en la tentación de introducir o agravar a posteriori las previsiones de pena bajo la impresión de hechos especialmente escandalosos, para aplacar estados de alarma y excitación políticamente indeseables”.
Entonces, sostiene que “impedir que se produzcan tales leyes ad hoc, hechas a la medida del caso concreto y que en su mayoría son también inadecuadas en su contenido como consecuencia de las emociones del momento, es una exigencia irrenunciable del Estado de Derecho”.
Y citó su propia jurisprudencia, en la que la Corte de Salta “tiene dicho que el instituto de la prescripción constituye la renuncia del Estado a la potestad represiva, en tanto cumple un relevante papel en la preservación de la defensa en juicio al impedir que los individuos tengan que defenderse respecto de acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo y al minimizar el peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano”.
Los ministros de la Corte salteña también hicieron notar que “no existe disposición alguna del derecho internacional de los derechos humanos que impida que los Estados partes establezcan reglas de prescripción de la acción penal respecto de delitos de abuso sexual”.
“Dicho de otro modo, por más aberrante que sea el delito de abuso sexual u otras formas de abuso infantil, no están comprendidos en ninguna disposición de un instrumento internacional que establezca su imprescriptibilidad”, señala la Corte salteña.
Por el contrario, el voto de la minoría -conformada por la jueza de Corte, Adriana Rodríguez Faraldo y sus pares Ernesto Samsón, Horacio Aguilar y Pablo López Viñals-, sostuvo que correspondía rechazar el recurso y entre otros argumentos, por el mismo que esgrimió el Ministerio Público Fiscal, cuando citó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ilarraz, de naturaleza similar.
En su fallo del 7 de junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Justo José Ilarraz, que solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción -por prescripción-.
El cura había sido investigado por delitos contra la integridad sexual en detrimento de menores y la Corte Federal entendió que no obraba en esa causa sentencia definitiva y habilitó la continuación del proceso contra el sacerdote.
Lamas fue imputado el 17 de octubre de 2018, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el hecho cometido por un sacerdote y por la guarda y por abuso sexual simple agravado en perjuicio de un hombre que lo denunció por hechos cometidos durante su adolescencia, en el departamento de Rosario de Lerma.
El 5 de noviembre del mismo año, el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, lo imputó por el delito de corrupción de menores, en perjuicio de una segunda víctima, también menor de edad al momento de los hechos.
El inicio del juicio contra el exsacerdote estaba previsto para el 7 de mayo de 2020, pero el 28 de abril de ese año, el presidente de la Corte dispuso que se llame autos para resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Lamas que atacó la imprescriptibilidad de la acción penal.
En agosto de 2020, un tribunal colegiado conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró culpable a Lamas de haber cometido los delitos y lo sentenció a la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical.
Después del juicio canónico, en el que el Arzobispado de Salta encontró al religioso culpable de los abusos sexuales, se informó que esa sentencia, es definitiva e inapelable.
Fuentes del MPF informaron este miércoles que el lunes 20 de septiembre, la Corte de Justicia salteña dispuso, por el voto de la mayoría, el sobreseimiento del exsacerdote Emilio Raimundo Lamas, por prescripción de la acción penal.
El ex sacerdote acusado: Emilio Raimundo Lamas (Captura Twitter @FelicindaCluney).
Esto por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un sacerdote y por la guarda, y abuso sexual simple agravado por ser cometido por un sacerdote en tres hechos, en perjuicio de una de las víctimas, y por el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda, en perjuicio de otra víctima.
Por ello, el MPF anunció que interpondrá un recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia contra del punto I del pronunciamiento de la Corte local.
Los jueces de la Corte de Justicia de Salta que aprobaron esta resolución fueron su presidente, Guillermo Alberto Catalano; junto a las juezas Sandra Bonari, María Alejandra Gauffin y Teresa Ovejero Cornejo, y su par, Sergio Fabián Vittar.
Pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta
Según la Corte de Justicia de Salta, casos como el de Lamas -como citó en el fallo que benefició al exsacerdote José Carlos Aguilera, acusado de delitos del mismo tipo-, fueron tratados en el precedente Chinque, de 2021, y cuyos fundamentos, en el caso actual, “resultan aplicables al presente y cabe reproducir”.
Entre otros argumentos, el pronunciamiento del alto tribunal provincial refiere que “como bien señala Claus Roxin, la prohibición de retroactividad goza de una permanente actualidad político-jurídica por el hecho de que todo legislador puede caer en la tentación de introducir o agravar a posteriori las previsiones de pena bajo la impresión de hechos especialmente escandalosos, para aplacar estados de alarma y excitación políticamente indeseables”.
Entonces, sostiene que “impedir que se produzcan tales leyes ad hoc, hechas a la medida del caso concreto y que en su mayoría son también inadecuadas en su contenido como consecuencia de las emociones del momento, es una exigencia irrenunciable del Estado de Derecho”.
Y citó su propia jurisprudencia, en la que la Corte de Salta “tiene dicho que el instituto de la prescripción constituye la renuncia del Estado a la potestad represiva, en tanto cumple un relevante papel en la preservación de la defensa en juicio al impedir que los individuos tengan que defenderse respecto de acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo y al minimizar el peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano”.
“Por más aberrante que sea el delito de abuso sexual u otras formas de abuso infantil, no están comprendidos en ninguna disposición de un instrumento internacional que establezca su imprescriptibilidad”, señala la Corte salteña”
Los ministros de la Corte salteña también hicieron notar que “no existe disposición alguna del derecho internacional de los derechos humanos que impida que los Estados partes establezcan reglas de prescripción de la acción penal respecto de delitos de abuso sexual”.
“Dicho de otro modo, por más aberrante que sea el delito de abuso sexual u otras formas de abuso infantil, no están comprendidos en ninguna disposición de un instrumento internacional que establezca su imprescriptibilidad”, señala la Corte salteña.
Por el contrario, el voto de la minoría -conformada por la jueza de Corte, Adriana Rodríguez Faraldo y sus pares Ernesto Samsón, Horacio Aguilar y Pablo López Viñals-, sostuvo que correspondía rechazar el recurso y entre otros argumentos, por el mismo que esgrimió el Ministerio Público Fiscal, cuando citó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ilarraz, de naturaleza similar.
En su fallo del 7 de junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Justo José Ilarraz, que solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción -por prescripción-.
Lamas fue imputado el 17 de octubre de 2018, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un sacerdote y por la guarda y por abuso sexual simple agravado en perjuicio de un hombre que lo denunció por hechos cometidos en su adolescencia”
El cura había sido investigado por delitos contra la integridad sexual en detrimento de menores y la Corte Federal entendió que no obraba en esa causa sentencia definitiva y habilitó la continuación del proceso contra el sacerdote.
Lamas fue imputado el 17 de octubre de 2018, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el hecho cometido por un sacerdote y por la guarda y por abuso sexual simple agravado en perjuicio de un hombre que lo denunció por hechos cometidos durante su adolescencia, en el departamento de Rosario de Lerma.
El 5 de noviembre del mismo año, el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, lo imputó por el delito de corrupción de menores, en perjuicio de una segunda víctima, también menor de edad al momento de los hechos.
El 5 de noviembre del 2018, el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, lo imputó por el delito de corrupción de menores, de una segunda víctima, también menor de edad”
El inicio del juicio contra el exsacerdote estaba previsto para el 7 de mayo de 2020, pero el 28 de abril de ese año, el presidente de la Corte dispuso que se llame autos para resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Lamas que atacó la imprescriptibilidad de la acción penal.
En agosto de 2020, un tribunal colegiado conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró culpable a Lamas de haber cometido los delitos y lo sentenció a la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical.
Después del juicio canónico, en el que el Arzobispado de Salta encontró al religioso culpable de los abusos sexuales, se informó que esa sentencia, es definitiva e inapelable.
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