ROSARIO
Liberaron a un fiscal de Rosario condenado por cobrar coimas del juego clandestino
Gustavo Ponce Asahad (Foto: Archivo).
Gustavo Ponce Asahad había sido condenado a seis años de prisión por cohecho, pena que se le redujo a tres años al considerárselo "imputado colaborador" por involucrar a su superior, el Fiscal Regional Patricio Serjal, y al senador provincial Armando Traferri.
El exfiscal de la ciudad santafesina de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, condenado por cobrar coimas en dólares a un capitalista de juego clandestino, quedó en libertad este martes luego de firmar un juicio abreviado y pasar 14 meses en prisión, informaron fuentes judiciales.
La defensa de Ponce Asahad pidió en una audiencia de ejecución celebrada en la fecha que se le “otorgue la libertad” y transcurra el resto del cumplimiento de la pena “en esa condición”, precisaron a Télam voceros judiciales.
La jueza Eleonora Verón aceptó el planteo y el exfiscal recuperó la libertad, tras permanecer 14 meses detenido.
A principios de septiembre, la defensa de Ponce Asahad firmó un acuerdo con los fiscales del caso, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por el que fue condenado en un juicio abreviado a seis años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Al aportar datos relevantes a la investigación del juego clandestino en Santa Fe, el exfiscal se acogió al régimen del imputado colaborador y logró una reducción de la pena a tres años de cárcel.
“Por el tiempo que lleva detenido, la jueza Verón le otorgó la libertad”, dijo una fuente con acceso al expediente.
Ponce Asahad fue imputado el 4 de agosto de 2020 junto a su superior, el entonces Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, por recibir pagos mensuales de entre 4 y 5 mil dólares por parte de Leonardo Peiti, un capitalista de juego clandestino de Santa Fe que, a la vez, posee salas de apuestas legales en otras provincias.
A cambio, según la acusación, los fiscales le brindaban protección y lo mantenían al tanto de investigaciones judiciales en su contra.
El propio Peiti confesó los pagos y entregó su celular con capturas de pantalla que comprobaban el lazo con los fiscales.
De acuerdo a la investigación, el primer contacto fue en diciembre de 2018, cuando los fiscales le advirtieron al capitalista de juego ilegal que existía una causa en su contra en otro distrito santafesino.
El 19 de junio Serjal y Ponce visitaron el Organismo de Investigaciones –una suerte de Policía Judicial- y accedieron a datos sobre una pesquisa que tenía a Peiti en la mira.
El 9 de julio Ponce le pidió un pago de US$ 10.000 en vez de los 4 o 5 mil que aportaba cada mes, y la transacción se produjo el mismo día a la tarde en el Club Argentino-Árabe, donde el fiscal tenía oficinas, encuentro que quedó registrado por cámaras de videovigilancia.
Los fiscales también fueron acusados de crear en Rosario una causa “melliza” a una por juego clandestino tramitada en la localidad santafesina de Melincué, para evitar la persecución penal de Peiti, y de avisarle de allanamientos a sus “garitos”.
Ponce Asahad se acogió a la figura del imputado colaborador y aportó datos contra su superior, Serjal, e involucró en la trama al senador provincial Armando Traferri, quien fue convocado a declarar pero la Cámara alta rechazó el pedido de desafuero.
La defensa de Ponce Asahad pidió en una audiencia de ejecución celebrada en la fecha que se le “otorgue la libertad” y transcurra el resto del cumplimiento de la pena “en esa condición”, precisaron a Télam voceros judiciales.
La jueza Eleonora Verón aceptó el planteo y el exfiscal recuperó la libertad, tras permanecer 14 meses detenido.
A principios de septiembre, la defensa de Ponce Asahad firmó un acuerdo con los fiscales del caso, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, por el que fue condenado en un juicio abreviado a seis años de prisión por los delitos de asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Al aportar datos relevantes a la investigación del juego clandestino en Santa Fe, el exfiscal se acogió al régimen del imputado colaborador y logró una reducción de la pena a tres años de cárcel.
“Por el tiempo que lleva detenido, la jueza Verón le otorgó la libertad”, dijo una fuente con acceso al expediente.
Ponce Asahad fue imputado junto a su superior, el entonces Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, por recibir pagos mensuales por parte de Leonardo Peiti, un capitalista de juego clandestino de Santa Fe”
Ponce Asahad fue imputado el 4 de agosto de 2020 junto a su superior, el entonces Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, por recibir pagos mensuales de entre 4 y 5 mil dólares por parte de Leonardo Peiti, un capitalista de juego clandestino de Santa Fe que, a la vez, posee salas de apuestas legales en otras provincias.
A cambio, según la acusación, los fiscales le brindaban protección y lo mantenían al tanto de investigaciones judiciales en su contra.
El propio Peiti confesó los pagos y entregó su celular con capturas de pantalla que comprobaban el lazo con los fiscales.
De acuerdo a la investigación, el primer contacto fue en diciembre de 2018, cuando los fiscales le advirtieron al capitalista de juego ilegal que existía una causa en su contra en otro distrito santafesino.
El 19 de junio Serjal y Ponce visitaron el Organismo de Investigaciones –una suerte de Policía Judicial- y accedieron a datos sobre una pesquisa que tenía a Peiti en la mira.
El 9 de julio Ponce le pidió un pago de US$ 10.000 en vez de los 4 o 5 mil que aportaba cada mes, y la transacción se produjo el mismo día a la tarde en el Club Argentino-Árabe, donde el fiscal tenía oficinas, encuentro que quedó registrado por cámaras de videovigilancia.
Los fiscales también fueron acusados de crear en Rosario una causa “melliza” a una por juego clandestino tramitada en la localidad santafesina de Melincué, para evitar la persecución penal de Peiti, y de avisarle de allanamientos a sus “garitos”.
Ponce Asahad se acogió a la figura del imputado colaborador y aportó datos contra su superior, Serjal, e involucró en la trama al senador provincial Armando Traferri, quien fue convocado a declarar pero la Cámara alta rechazó el pedido de desafuero.
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