POLITICA
Adelantan que habrá participación colectiva en la reforma de la ley de ética pública
Félix Crous anunció la participación abierta para la reforma de la ley.
De acuerdo con la resolución firmada por el titular del organismo, Félix Crous, se organizarán encuentros e instancias de intercambio con una mirada plural y federal para cambiar la norma.
La Oficina Anticorrupción (OA) abrirá un espacio de construcción colectiva para la reforma de la ley de ética pública (25.188), una iniciativa que prevé incorporar cambios en el sistema de declaraciones juradas, crear un registro de personas incumplidoras y prohibir a los funcionarios poseer cuentas offshore durante su desempeño en la gestión pública, entre otras cuestiones.
De acuerdo con una resolución firmada por el titular de la OA, Félix Crous, para la reforma de la ley que establece deberes y pautas de ética en el ejercicio de la función pública se realizarán "encuentros e instancias de intercambio con una mirada plural y federal".
"Habiendo transcurrido más de 20 años desde la sanción de la Ley 25.188, resulta necesario trabajar sobre sus disposiciones, adaptándolas a los nuevos tiempos, fenómenos y a las modernas tecnologías, procurando generar herramientas eficientes para regular la interacción entre el sector público y el sector privado, prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública", señala la resolución de la OA.
Según informó el organismo, las acciones reguladas por la nueva ley "no se limitarían al Poder Ejecutivo, sino que comprenderían la construcción de un sistema de integridad pública que contenga a todos los espacios del Estado y que por lo tanto incluya al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público".
"El proyecto de ley incorporaría cambios en el sistema de Declaraciones Juradas para asegurar su disponibilidad en forma completa y precisa, a la vez que se prevé un registro de personas incumplidoras", señala la resolución.
También establecería "limitaciones al fenómeno de la 'puerta giratoria', que alude a los vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional, ya sea antes de asumir su función pública como así también después de la misma".
Además, a través de esta legislación "se impediría que los funcionarios públicos mantengan posiciones patrimoniales ´offshore´ bajo la forma de sociedades, de cuentas, o de giros patrimoniales en plazas no colaborativas y establecería el desprendimiento de las mismas para asumir sus funciones".
De la convocatoria a participar en las propuestas para la reforma de la ley de ética pública podrá participar "toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva".
Quienes participen podrán presentar sus propuestas y observaciones "sobre el borrador redactado por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT)", se explicó oficialmente.
La DPPT llevará adelante el proceso de Elaboración Participada de Normas y, una vez que se publique el borrador del proyecto de ley en el Boletín Oficial y en la página oficial de la Oficina Anticorrupción, se recibirán las observaciones y propuestas de forma digital, se realizarán las reuniones con expertos y se redactará el proyecto final que será elevado al presidente Alberto Fernández.
De acuerdo con una resolución firmada por el titular de la OA, Félix Crous, para la reforma de la ley que establece deberes y pautas de ética en el ejercicio de la función pública se realizarán "encuentros e instancias de intercambio con una mirada plural y federal".
"Habiendo transcurrido más de 20 años desde la sanción de la Ley 25.188, resulta necesario trabajar sobre sus disposiciones, adaptándolas a los nuevos tiempos, fenómenos y a las modernas tecnologías, procurando generar herramientas eficientes para regular la interacción entre el sector público y el sector privado, prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública", señala la resolución de la OA.
Según informó el organismo, las acciones reguladas por la nueva ley "no se limitarían al Poder Ejecutivo, sino que comprenderían la construcción de un sistema de integridad pública que contenga a todos los espacios del Estado y que por lo tanto incluya al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Ministerio Público".
"El proyecto de ley incorporaría cambios en el sistema de Declaraciones Juradas para asegurar su disponibilidad en forma completa y precisa, a la vez que se prevé un registro de personas incumplidoras", señala la resolución.
También establecería "limitaciones al fenómeno de la 'puerta giratoria', que alude a los vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional, ya sea antes de asumir su función pública como así también después de la misma".
Además, a través de esta legislación "se impediría que los funcionarios públicos mantengan posiciones patrimoniales ´offshore´ bajo la forma de sociedades, de cuentas, o de giros patrimoniales en plazas no colaborativas y establecería el desprendimiento de las mismas para asumir sus funciones".
De la convocatoria a participar en las propuestas para la reforma de la ley de ética pública podrá participar "toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho o interés simple, difuso o de incidencia colectiva".
Quienes participen podrán presentar sus propuestas y observaciones "sobre el borrador redactado por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia (DPPT)", se explicó oficialmente.
La DPPT llevará adelante el proceso de Elaboración Participada de Normas y, una vez que se publique el borrador del proyecto de ley en el Boletín Oficial y en la página oficial de la Oficina Anticorrupción, se recibirán las observaciones y propuestas de forma digital, se realizarán las reuniones con expertos y se redactará el proyecto final que será elevado al presidente Alberto Fernández.
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