Para la oposición más dura, representada FP, Avanza País y RP, se trata de una nueva demostración de que Castillo adolece de “incapacidad moral permanente” y por tanto debe ser echado.

También PL, el partido marxista leninista que llevó a Castillo al poder, anunció una asamblea para estudiar la situación, mientras que su aliado Juntos por Perú (JP), también de izquierda, mantuvo el respaldo pero exigió explicaciones.

El mandatario, que siempre vivió en su rancho campesino en los Andes, se niega a vivir en Palacio. Incluso al principio no quería despachar allí. Por eso, estableció su residencia en la casa de un amigo en Breña, distrito céntrico limeño de clase media-baja mayoritariamente.

Una casa particular, un vecindario corriente y drásticas medidas de seguridad le dificultan a la prensa enterarse de quién llega. Por ley, un presidente debe informar con quién se reúne y Castillo lo omitió por considerar, según dice, que eran asuntos privados.

“Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido a algún interés en particular”, dijo el jefe de Estado.

“Los actos de un presidente no admiten dudas y, le guste o no (a Castillo), tenemos que saber con quién despacha, con quién conversa y hasta con quién juerguea (hace fiestas)”, comentó la analista Maritza Espinoza, una dura crítica del intento de vacancia y de quienes lo impulsan.

“Es lamentable que se hayan dado esas reuniones, pero, por otro lado, nunca vi a la prensa con esa minuciosidad cuando (el entonces presidente) Pedro Pablo Kuczynski despachaba en su casa”, agregó la historiadora Cecilia Méndez, en alusión al rol de los medios convencionales.

La denuncia periodística se presentó en pleno proceso de vacancia. El primer resultado concreto es que varios parlamentarios de partidos de centroderecha que habían anunciado que no apoyarían la continuidad del proceso, cambiaron de posición.

Así, Castillo podría ser forzado, según creen los congresistas, a acudir al Legislativo a dar explicaciones, lo que de por sí sería un golpe político, al margen de que después no logren los 87 votos para la destitución.

La abogada Palacios considera, sin embargo, que los “inexpertos” congresistas están errados. Por Constitución, dice, el Congreso no puede interpelar a un presidente, porque a nombre de éste responden los ministros. Así, el mandatario podría enviar a un representante o simplemente ignorar el llamado.

Para expertos, la oposición maneja mal el proceso, porque hace de la figura de la vacancia un asunto normal, cuando es en realidad un mecanismo extraordinario. “(La oposición) prefiere el camino fácil de la distorsión constitucional”, señalo el ex Defensor del Pueblo Walter Albán.

Aun así, Palacios piensa que los que promueven la destitución tienen fuerza para hacer las cosas a su manera, por lo que considera que Castillo será destituido tarde o temprano. Y él lo está facilitando con sus errores, añade.

En ese hipotético escenario, indica Palacios, podría haber una respuesta en las calles, porque, aunque el respaldo popular para Castillo sea pobre, “mientras ellos (FP, Avanza País y RP) pretendan la vacancia, la vacancia seguirá siendo impopular”.

“El intento de vacancia es purito golpismo y lo será mientras no se ciña a la Constitución y mientras su principal base social sean esos terrucos (terroristas) de derecha que piensan que la violencia y el linchamiento son armas de la democracia”, comentó Espinoza en la misma vía.

Los tres partidos situados ideológicamente más a la derecha le declararon la guerra al “comunista” Castillo desde que le ganó en segunda vuelta a Keiko Fujimori, de FP.

La popularidad de Castillo sigue en picada. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, de octubre a noviembre cayó de 35 a 25 %, mientras la desaprobación trepó a 65 %. En Lima, apenas lo respalda 16 %.

Pero al Congreso le va peor: 21 % de aprobación y 75 % de desaprobación. Los peruanos resisten a Castillo, pero no se sienten representados en sus enemigos para expresar ese rechazo.

El habeas corpus presentado por López Pintado se basa en que la acción del Congreso atenta contra las garantías del Presidente. En Perú, una acción de ese tipo puede ser presentada por cualquier persona, incluso a favor de un tercero.