Martes 16 de Agosto de 2022

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POLITICA

Slokar: El garantismo repara la criminalización de la política

El magistrado asumirá la conducción del tribunal que fue  noticia este año al  haber trascendido reuniones nunca informadas de dos de sus integrantes -Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- con Mauricio Macri durante su presidencia. 

El juez Alejandro Slokar, elegido para presidir la Cámara Federal de Casación Penal durante el 2022, afirmó que buscará que en el máximo tribunal penal del país impere un diálogo franco entre colegas, ponderó la necesidad de mostrar madurez institucional y reivindicó el garantismo -movimiento en el cual se inscribe- como la "herramienta que repara la criminalización de la política".

Slokar asumirá la presidencia de la Casación después de un año en el que ese tribunal fue noticia porque trascendió que dos de sus integrantes -Gustavo Hornos y Mariano Borinsky- habían mantenido encuentros (jamás informados) con el entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Esa información -revelada por el portal de noticias El Destape- disparó tensiones en el interior del tribunal que llevaron a varios de sus integrantes a pedir explicaciones a los jueces involucrados e incluso generó la apertura de causas penales e investigaciones en el Consejo de la Magistratura.

En ese contexto, durante los días previos a la reunión de acuerdo del 14 de diciembre pasado, se hablaba de que había al menos tres jueces que aspiraban a presidir la Casación: Slokar, a quien le tocaba por orden de antigüedad, Daniel Petrone y Carlos Mahiques.

Finalmente, Slokar fue elegido por unanimidad. Acerca de este y otros temas, el magistrado concedió una entrevista a Télam. 

- Télam: ¿Cómo se logró que su elección fuera por unanimidad?

- Alejandro Slokar: En el tránsito de los días que corren, es muy significativo el grado de racionalidad y madurez institucional, en procura de ganar en mayor confianza por parte de la sociedad. Más allá de las notorias y públicas divergencias existentes entre colegas, se procuró el camino de la responsabilidad, y así fui reconocido en forma unánime por los pares para presidir el tribunal, como ya lo había hecho en el 2016. A pesar de algunas especulaciones periodísticas, la unanimidad resultó durante acuerdo por la declinación de sus postulaciones de parte de algunos colegas, y también el apego al reglamento, que impone la designación en base a un orden de prelación por antigüedad. Este año completé la década en la Cámara, junto a los más de 40 de trabajo en el Poder Judicial. En definitiva, aún partiendo de diferencias significativas, primó la responsabilidad en el interés por una posición colectiva uniforme, sin antagonismos estériles, en resguardo de la institucionalidad.

- T: ¿Qué perfil buscará imprimirle a su presidencia pro tempore del máximo tribunal penal?

- A. S: La unanimidad se traduce en la más amplia legitimidad para ejercer la máxima autoridad y representación del cuerpo en el gobierno de la jurisdicción. El diálogo franco y respetuoso de un orden interno, aún desde rasgos de identidad tan disímiles, debe predicarse con una actitud del mismo signo hacia los demás colegas y autoridades. Tanto más cuando los compatriotas demandan permanentemente el trabajo responsable, a la vez que concurrente, para brindar más y mejor justicia.

- T: Algunos medios presentaron la noticia como "un juez ultra K asume la presidencia de Casación". ¿Es esa lectura correcta?

- A. S: Importa siempre la valoración colectiva en términos de los resultados que se acompañan. Cuando fui honrado por el presidente Néstor Kirchner para desempeñarme durante más de un lustro como secretario de Política Criminal, supe acompañar entre tantos ministros al actual presidente de la CSJN Horacio Rosatti, con quien tuve y mantengo un vínculo de respeto y consideración, que creo recíproco. Ahora, cada juez es portador de una ideología, si así no fuera sería un eunuco. Y además produce en cada sentencia un acto político, de estado, que nunca puede verse afectada por parcialidad, porque entonces será un juez partidista y dejará de ser árbitro para transformarse en jugador. Entonces es cuando se tuerce el Derecho y se termina perdiendo la confianza en los tribunales. En definitiva, se degrada el sistema democrático.

- T: Usted nunca escondió su coincidencia con las ideas del exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni ni su participación en la fundación de Justicia Legítima. ¿Existen allí condicionantes al ejercicio de la magistratura?

-A. S: Insisto en el deber de imparcialidad, aún con criterios disímiles aunque rigurosos, que pueden o no compartirse desde el mainstream jurídico, pero que no dejan de traducir apego a la Constitución y a la ley. El garantismo que encarna Raúl Zaffaroni, de quien tantos somos tributarios, no enseña ni más ni menos que ello. Y, además, desde una sabia lectura democrática, es la única herramienta que repara la perniciosa criminalización de la política, quienquiera sea el circunstancial destinatario.

Junto con tantos otros juristas, muchos de ellos hoy fallecidos, fui hace años fundador de "Justicia Legítima", y orgulloso me siento de ello, pero más allá del pago de la cuota social no reúno hoy cargo directivo ni tengo incidencia en su rumbo, aún cuando me asombra la persistente satanización desde una rancia reacción corporativa que atenta contra la independencia interna.

- T: ¿Tiene usted vínculo con el presidente Alberto Fernández?

- A. S: Conozco al actual Presidente desde hace tantos años, a partir de su trayectoria académica, cuando compartimos la cátedra del inolvidable (Esteban) "Bebe" Righi y nos unían las discusiones sobre dogmática jurídico-penal. Por cierto, también -como anticipé- secundé la labor del Gabinete nacional durante su Jefatura. Hace algunos años, antes de que asumiera la responsabilidad presidencial, que no tengo el gusto de compartir algún encuentro, seguramente por los desafíos del cargo, que ningún argentino en las circunstancias actuales envidia, claro.

- T: Uno de los temas que puso a la Casación en la agenda pública en el último año fueron las visitas de dos de sus miembros a la Casa Rosada y a la quinta de Olivos durante el gobierno de Macri. ¿Cómo seguirá ese tema durante su presidencia?

- A. S: Expresé ante los colegas mi punto de vista en relación al deber de integridad en la función judicial cuando consideré imperioso no callar, porque se comprometía la situación del conjunto. Y en más de una oportunidad señalé que no soy juez de jueces, ya que ello quedó en manos de magistrados a cargo de la investigación y del propio Consejo de la Magistratura. Sólo me cabe recordar que diariamente los jueces tenemos una altísima responsabilidad ante la sociedad en el ejercicio de la delicadísima tarea encargada, que no es más -ni menos- que la aplicación honesta de la ley.

- T: ¿Cómo es el clima en el tribunal en el que al menos dos juezas denunciaron un trato machista de parte del magistrado Juan Carlos Gemignani?

- A. S: Alguna vez la quietud rutinaria, indispensable para la tranquilidad en tan altísima labor, se rompió por episodios deshonrosos que padecieron juezas y funcionarias del tribunal. Un deber de prestación regular y eficaz de justicia, del cual nuestra obligación es promover y garantizarlo, está llamado a impedir que estos hechos se oculten y que se repitan, tanto más desde la actual demanda de feminización del Judicial, que ojalá temprano se concrete. Por algo la iconografía de la Justicia siempre tuvo forma de mujer.

-T: Como última consulta, interesa su lectura del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la actual integración del Consejo de la Magistratura y dio un plazo de 120 días para volverla a llevar a 20 miembros, mientras el Congreso debate un nuevo ordenamiento para ese organismo.

-A. S: La Constitución habla de tender a un equilibrio. El poder legislativo sancionó en el último tiempo dos leyes que fueron fulminadas por el judicial. Entonces, ¿a quien compete ese procurar al equilibrio? Aún atendiendo el fallo de la Corte Suprema, y las consecuencias que pueda llegar a tener, ese procurar sigue estando... So riesgo de exorbitar la potestad del Poder Judicial.

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