El conflicto entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y el Gobierno nacional por el manejo de la obra social Osprera escaló al máximo nivel en las últimas horas.

El fallecimiento de una persona enferma de cáncer a la que, según el gremio, le negaron continuar con su tratamiento, fue el detonante de, entre otras cosas, una denuncia penal contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; el Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolio; y el interventor de Osprera, Marcelo Petroni.

Estas personas, según comunicó UATRE, fueron acusadas de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta, y abandono de persona seguido de muerte”.

LA UATRE VERSUS EL GOBIERNO

“Primera víctima fatal de la intervención de Osprerar dispuesta por el Gobierno nacional”, se titula el durísimo comunicado que dio a conocer la UATRE y en el que relató el caso de José Alfredo Garavento, paciente oncológico de 58 años que falleció recientemente.

“En enero de este año, la intervención dispuesta por el gobierno en la obra social Osprera le rechazó su tratamiento. Desde la UATRE se realizaron intimaciones para restituir su quimioterapia. Ante la falta de respuestas y el completo abandono por parte de las autoridades de la intervención, el paciente falleció el pasado 26 de febrero en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo”, afirmó el sindicato conducido por José Voytenco.

Más atrás en el tiempo, el gremio repasó la historia de Garavento: fue diagnosticado en el año 2020 con cáncer de colon. Realizó cirugía y quimioterapia. Luego, en 2023 los médicos detectaron que el cáncer había vuelto y prescribieron reiniciar el tratamiento. El tratamiento de quimioterapia se reinició a principios de mayo de 2024 con aplicaciones quincenales, provistas por la entonces gestión de Osprera a través de Droguería Suizo en aplicaciones que no podían ser interrumpidas.

Pero luego de la intervención de Osprera por parte del Gobierno, la UATRE afirmó que “sin aviso previo y sin justificación, la conducción del interventor Marcelo Petroni le interrumpió el tratamiento a Garavento y le rechazó su solicitud de acceder a la medicación para cumplir con la quimioterapia”.

El paso siguiente, siempre de acuerdo a la versión de la UATRE, fueron los reclamos del paciente, a través de sus familiares, que presentaron notas el 16 de enero, el 12 de febrero y el 18 del mismo mes febrero.

“El 22 de enero Petroni fue incluso intimado en carta documento por UATRE, pero el interventor no hizo nada”, continuó el gremio.

Además, citó palabras de la viuda de Garavento, Isolina Margarita Lafferrairie: “Que la cara de José sea representación de muchos y que no haya más gente como él que con 58 años y tantos sueño por cumplir, le fueron negados por la obra social. Que sus fotos recorran las redes, que los que debieron hacer su trabajo y no lo hicieron sientan un poquito de lo que estamos pasando nosotros. José con 58 años tenía mucho por vivir y además después de ver una tomografía y los marcadores ya casi normales se produjo ese terrible desenlace por incumplimiento con la medicación”, expresó.

LA DENUNCIA PENAL DE LA UATRE

En la denuncia penal que impulsa UATRE, se manifiesta que “Petroni sabía de que el afiliado se encontraba en riesgo (..) había sido notificado fehacientemente el 22 de enero de 2025, tenía por su rol de interventor el deber de cuidarlo y arbitrar los medios necesarios para garantizar las prestaciones médicas prescriptas”.

“Sin embargo, no hizo nada, dejó al afiliado librado a su suerte, cortó el suministro de la medicación y luego ante la noticia de la situación de desamparo y el peligro para la vida, omitió cumplir con sus deberes y prestarle el debido auxilio”, insistió UATRE.

Por elevación, se denuncia también a Lugones y Oriolo por “delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público – en calidad de coautores- y por el delito de administración fraudulenta – en calidad de partícipes necesarios-.”, precisó la Unión sindical.

La UATRE cerró asegurando que el de Garavento no es un caso aislado, sino que “son cientos los casos de trabajadores rurales que, a partir de la intervención del gobierno a la obra social, sufren de cortes masivos en sus tratamientos”.

“Son pacientes graves oncológicos, HIV, hemofílicos, que se encuentran en riesgo por la falta de cobertura. La UATRE y su Secretario General, José Voytenco vienen reclamando por la grave situación con intimaciones y denuncias para que la intervención y el Gobierno den respuesta”, cerraron desde el gremio.

Por Infocampo