Lic. Javier Forlenza 

Hace ya varios meses, ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley, impulsado por el actual Gobierno nacional, que reduce la edad de imputabilidad y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para aquellos adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal. Antes de discutir sanciones más duras, resulta indispensable observar un dato estructural: la composición real de la población privada de la libertad en la Argentina.

Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, al 31 de diciembre de 2024 había en todo el territorio federal 120.700 personas privadas de su libertad en unidades de detención, lo que implica una tasa de 256 cada 100 mil habitantes.

A esto se suman otras 12.885 personas privadas de su libertad en dependencias policiales. La cifra total alcanzaría a 133.585; es decir, una tasa de 284 personas detenidas cada 100 mil habitantes (SNNEP, 2024, p.6).

Única vía posible

Cuando se desagregan estos datos, se observa que la población penitenciaria tiene una fuerte presencia de jóvenes, varones, de nacionalidad argentina y con un bajo nivel de escolaridad. El 96% son varones; el 95%, de nacionalidad argentina; el 62% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ingresar al penal, y el 53% corresponde a una franja etaria de menos de 35 años. La cárcel en la Argentina tiene un rostro joven y una escolaridad truncada. 

El marco normativo es claro. La ley 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, hace referencia al derecho a la educación para las personas privadas de su libertad y promueve el estímulo educativo en el régimen progresivo de la pena. Además, la Ley 26.206, de Educación Nacional, garantiza la educación en contextos de encierro en todos sus niveles y modalidades.

Sin embargo, la discusión pública parece avanzar en sentido contrario. En lugar de fortalecer los dispositivos educativos que previenen el delito, se insiste en respuestas punitivas que llegan tarde, cuando el daño social ya esta hecho. Es imperioso pensar la educación y la escolaridad de los jóvenes como única vía posible para evitar que caigan en la delincuencia, más aún cuando las unidades penitenciarias se encuentran sobrepobladas y reproducen la desigualdad, la exclusión y la marginalidad de la que vienen muchos de esos jóvenes que se encuentran privados de la libertad.

Es fundamental tanto un debate profundo como acciones concretas que deben anteceder al proyecto de baja en la edad de imputabilidad. A esto se suma un dato clave: la inversión en educación actual es del 0,88% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que representa una caída del 40% respecto del 2023, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto. 

En este sentido, la educación es la herramienta por excelencia para generar igualdad de oportunidades, para romper los contextos de marginalidad y promover proyectos de vida, sobre todo en una Argentina donde hace años que no se planifica una política de largo plazo para los jóvenes. Es la esquina, la calle, el narconegocio lo que convoca a nuestros jóvenes más vulnerables, cuando debería ser la escuela adaptada al siglo 21, los clubes de barrio, el centro cultural, la formación profesional, sus principales puntos de pertenencia.

Acciones necesarias

La educación requiere de la máxima inversión posible, porque no sólo es una herramienta para el desarrollo del conocimiento, sino también uno de los principales dispositivos de integración social y comunitaria. Hablar de cárcel para adolescentes y jóvenes sin poner en debate una profunda reforma educativa, que priorice la escolarización con especial énfasis en los sectores más vulnerables, es equivalente a esconder los problemas sociales debajo de la alfombra.

La desigualdad social se agudiza cada vez más, y sin ninguna duda no habrá cárcel suficiente si no se generan las condiciones para que sea la educación lo que motorice, ampare y dé sentido de pertenencia y progreso a los jóvenes. La política de seguridad requiere de una mirada integral, donde el abordaje del delito es posterior. Antes hay que llegar con políticas públicas que promuevan el desarrollo personal y social; la educación debe ocupar el centro en las políticas de Estado.

Este es un llamado urgente al diálogo, al sano debate, a la reflexión y, sobre todo, a salir de la discusión política de coyuntura, de inmediatez. Es una invitación, también, al trabajo con los jóvenes de nuestras comunidades, con una fuerte inversión en educación, en pensar el mundo laboral y encontrar juntos los mecanismos del Estado capaces de proyectar escenarios que inviten a construir sujetos protagonistas. Con este proyecto de ley, la cárcel termina siendo la herramienta, cuando la herramienta debe ser la educación para la construcción de ciudadanía. En definitiva, cuando el Estado llega primero con educación, la cárcel deja de ser destino.