El gobierno nacional dio hoy un nuevo paso hacia el aumento de tarifas de electricidad, que regirá desde febrero, al disponer un ajuste en los cuadros respectivos de las distribuidoras Edenor y Edesur, a la vez que definió los criterios que esas empresas deberán respetar para la aplicación de una tarifa social.

El Ministerio de Energía y Minería decidió además, mediante la resolución 7 que publica el Boletín Oficial, eliminar el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Puree) e incluir en las tarifas de esas compañías un plan de ahorro de energía eléctrica.

El ajuste tarifario se establece a cuenta de la revisión integral, que deberá entrar en vigencia antes del 31 de diciembre de este año.

La medida lleva la firma del ministro Juan José Aranguren, y dispone también el cese de “la aplicación de los mecanismos que impliquen la transferencia de recursos” para financiar planes de obra de Edenor y Edesur.

Según los considerandos de la norma, “se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de Edenor S.A. y Edesur S.A., a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación”.

El Ministerio de Energía considera que la política de aplicación de subsidios ahora modificada “no favorece la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes”, además de alentar “una deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía eléctrica”.

Lo cual, agrega, “profundizó los inconvenientes derivados de una falta de renovación de redes e insuficiente expansión de las mismas, para acompañar el incremento de la demanda propio del crecimiento vegetativo y de los cambios de hábitos de consumo de la sociedad, debido al uso de equipamientos eléctricos de confort domiciliario”.

Esas circunstancias, dice la resolución, “han derivado en un progresivo decrecimiento en la calidad del servicio público de distribución, para cuya mejora efectiva resulta necesario aplicar los criterios oportunamente definidos en el Régimen Tarifario de Transición”, previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual.

Tales actas se suscribieron en febrero de 2006 entre ambas distribuidoras y la Uniren (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) y fueron ratificadas por decretos del Poder Ejecutivo en diciembre de aquel año.

Las actas, recuerda la resolución de Energía, “fueron previamente sometidas a un proceso de Audiencia Pública” realizado a comienzos de 2005, "lo cual posibilitó la participación y la expresión de opiniones de los usuarios y consumidores, así como también de distintos sectores y actores sociales, cuyos elementos de juicio fueron tenidos en cuenta en el análisis de la renegociación" y motivaron modificaciones en su redacción.

La resolución 7 justifica, por otra parte, la aplicación de una tarifa social, al señalar que “el objetivo de la política tarifaria que corresponde adoptar no es la eliminación de los subsidios, sino redireccionar su aplicación hacia sectores de la población que, por sus condiciones de ingresos, es considerada vulnerable”.