BRASIL
Avanza en Brasil un proyecto de ley para regular Bitcoin y el resto de las criptomonedas
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto para regular las criptomonedas. Foto: Archivo
La propuesta incluye que un organismo público se encargará de autorizar a quiénes serán los prestadores de servicios de este tipo que estarán habilitados para operar en el país. El texto también agrava la sanción por blanqueo de capitales.
La Cámara de Diputados de Brasil avanzó esta semana con la aprobación del proyecto de ley 2303/15, que regula las operaciones de compra y venta de criptomonedas en el país y otorga la categoría de "activos virtuales" a Bitcoin y otras divisas virtuales que puedan ser negociadas o transferidas por medios electrónicos y utilizadas para pagos o para inversión,
El proyecto, que deberá pasar ahora a manos de la Cámara de Senadores luego de casi seis años en trámite, establece también que será el Poder Ejecutivo el que tenga la potestad de fijar qué organismo público se encargará de autorizar a quiénes serán los prestadores de servicios de este tipo que estarán habilitados para operar en el país.
Según la propuesta original, debía ser el Banco Central el que regulara las monedas virtuales pero el relator del proyecto, el diputado Expedito Netto (PSD-RO), afirmó que correspondería al Poder Ejecutivo decidir cuál es el organismo competente para regular el mercado de activos virtuales y sus proveedores de servicios.
"La agencia reguladora establecerá condiciones y plazos, no menores a seis meses, para el cumplimiento de las reglas del proyecto por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales que se encuentren en actividad", señaló la agencia de noticias de la Cámara de Diputados, en Brasilia.
La propuesta incluye en el Código Penal el delito de "estafa utilizando activos virtuales, valores o activos financieros", con pena de prisión de cuatro a ocho años, además de multa, según consignó el diario OGlobo.
El texto también agrava la sanción por blanqueo de capitales, al disponer un aumento de la sanción de uno a dos tercios para los delitos cometidos reiteradamente con activos virtuales.
Esta semana el FMI publicó un informe en el que llamó a que "la regulación criptográfica global debe ser integral, coherente y coordinada" dado a que "el advenimiento de la criptografía puede acelerar lo que hemos llamado "criptorización", cuando estos activos reemplazan la moneda nacional y eluden las restricciones cambiarias y las medidas de gestión de la cuenta de capital".
"Necesitamos estándares internacionales integrales que aborden de manera más completa, los riesgos para el sistema financiero de los criptoactivos, su ecosistema asociado y sus transacciones relacionadas, al tiempo que permiten un entorno propicio para productos y aplicaciones de ese tipo de activos útiles", afirmó el FMI.
En ese sentido, recomendó que ese marco regulatorio incluya: una regulación sobre los proveedores de servicios de criptoactivos, que deben tener licencia o autorización para el almacenamiento, transferencia, liquidación y custodia de reservas y activos, entre otros; requisitos para prestadores de servicios y productos para inversiones similares a los de los corredores y agentes de valores y, para los prestadores de servicios y productos para pagos, similares a los de los depósitos bancarios; y, por último, requisitos claros a las instituciones financieras reguladas con respecto a su exposición y compromiso con las criptomonedas.
El proyecto, que deberá pasar ahora a manos de la Cámara de Senadores luego de casi seis años en trámite, establece también que será el Poder Ejecutivo el que tenga la potestad de fijar qué organismo público se encargará de autorizar a quiénes serán los prestadores de servicios de este tipo que estarán habilitados para operar en el país.
Según la propuesta original, debía ser el Banco Central el que regulara las monedas virtuales pero el relator del proyecto, el diputado Expedito Netto (PSD-RO), afirmó que correspondería al Poder Ejecutivo decidir cuál es el organismo competente para regular el mercado de activos virtuales y sus proveedores de servicios.
"La agencia reguladora establecerá condiciones y plazos, no menores a seis meses, para el cumplimiento de las reglas del proyecto por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales que se encuentren en actividad", señaló la agencia de noticias de la Cámara de Diputados, en Brasilia.
La propuesta incluye en el Código Penal el delito de "estafa utilizando activos virtuales, valores o activos financieros", con pena de prisión de cuatro a ocho años, además de multa, según consignó el diario OGlobo.
Un organismo público se encargará de autorizar a quiénes serán los prestadores de servicios de este tipo. foto: Archivo
El texto también agrava la sanción por blanqueo de capitales, al disponer un aumento de la sanción de uno a dos tercios para los delitos cometidos reiteradamente con activos virtuales.
Esta semana el FMI publicó un informe en el que llamó a que "la regulación criptográfica global debe ser integral, coherente y coordinada" dado a que "el advenimiento de la criptografía puede acelerar lo que hemos llamado "criptorización", cuando estos activos reemplazan la moneda nacional y eluden las restricciones cambiarias y las medidas de gestión de la cuenta de capital".
"Necesitamos estándares internacionales integrales que aborden de manera más completa, los riesgos para el sistema financiero de los criptoactivos, su ecosistema asociado y sus transacciones relacionadas, al tiempo que permiten un entorno propicio para productos y aplicaciones de ese tipo de activos útiles", afirmó el FMI.
En ese sentido, recomendó que ese marco regulatorio incluya: una regulación sobre los proveedores de servicios de criptoactivos, que deben tener licencia o autorización para el almacenamiento, transferencia, liquidación y custodia de reservas y activos, entre otros; requisitos para prestadores de servicios y productos para inversiones similares a los de los corredores y agentes de valores y, para los prestadores de servicios y productos para pagos, similares a los de los depósitos bancarios; y, por último, requisitos claros a las instituciones financieras reguladas con respecto a su exposición y compromiso con las criptomonedas.
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