La normativa vigente —derivada en parte de resoluciones de la ex RENAR y de la propia ANMAC— implicaba, además del pago periódico, una obligación de presentar documentación acreditativa del estado del usuario: composición societaria, órganos de dirección, seguros vigentes, entre otros aspectos. Esa carga fue evaluada por el organismo como innecesaria en muchos casos, en especial cuando no había cambios sustanciales en los legajos registrados.

La iniciativa se apoya, según la resolución, en los lineamientos establecidos por el Decreto Nº 891/17, que fijó las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación para el funcionamiento del sector público. En el mismo sentido, los decretos posteriores buscaron avanzar con un programa de revisión integral de normas con el fin de reducir la burocracia y hacer más eficiente la administración pública, sin afectar los mecanismos de control necesarios sobre materiales y personas involucradas en el manejo de armas.