La antropóloga Celeste Perosino, integrante de la Colectiva de Intervención contra las Violencias (CIAV), que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal en la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña vista por última vez hace 10 meses en un barrio de la ciudad de San Luis, advirtió que la sobreabundancia informativa “impacta negativamente” en las causas de desaparición de personas que se “nacionalizan”.

“En líneas generales, cuando se nacionalizan las causas de las desapariciones, esto no solo tiene un impacto negativo para la familia que escucha información que muchas veces no es del todo correcta, sino que genera un impacto en las causas porque la gente comienza a querer aportar datos, crece el número de denuncias de personas que creen haber visto algo y esto genera un ruido de fondo en las investigaciones”, aseguró en declaraciones a Télam.

Y agregó: “Después resultan en datos de poca calidad para la causa y genera un perjuicio porque esas vías hay que agotarlas y terminan obstruyendo las investigaciones”.

Por ese motivo, la antropóloga sostuvo que la recomendación es que “se comunique a través de lo que está plasmado en los comunicados oficiales como la mejor vía de acceso a la información, porque si no se pueden generar mucha re-victimización a la familia y también se genera un daño muy grande a la investigación”.

Perosino formó parte del equipo que intervino en el operativo de rastrillaje que finalizó el último viernes en un descampado colindante al domicilio del barrio 544 viviendas, ubicado en la zona sur de la capital de San Luis, donde Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021.

El CIAV aportó cuatro antropólogas y arqueólogas que se dedican “a la búsqueda de personas y víctimas de violencias letales” y que trabajaron junto a personal de Gendarmería, de Policía Federal, de la Procuraduría de Trata y Explotación de personas (Protex), del Ministerio Público Fiscal, miembros del Equipo de Antropología y Arqueología Forense (EAAF) y profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Perosino consideró que constituye “una buena práctica rastrillar en algunos casos donde se produjo, oportunamente, una medida de prueba pero no está clara la metodología de abordaje o no fue lo suficientemente exhaustiva como para darla por agotada”.

Puso como ejemplo el caso de Johana Chacon, una adolescente de 13 años desaparecida en Mendoza en septiembre de 2012, en el que los forenses tomaron muestras en el terreno donde vivía la familia que la cuidaba temporalmente produciendo nueva prueba que luego de seis años terminó probando la culpabilidad de Mariano Luque, que hoy cumple condena en la cárcel.
 

Caso no resueltos

“Nuestro fuerte es trabajar con la división de investigaciones sobre casos fríos (no resueltos), revisar los expedientes con una lectura pormenorizada y una reconstrucción de los hechos. Planteamos hipótesis de acuerdo al contexto de la desaparición e impulsamos diferentes medidas de prueba”, explicó la especialista.

Además, intervienen en la primera etapa de revisión de la investigación para determinar si se realizaron adecuadamente los procedimientos y participan en trabajos de campo, rastrillajes, excavaciones, prospecciones y en tareas de laboratorio sobre restos hallados.

En el caso de Guadalupe, la antropóloga explicó que la labor del CIAV estuvo enfocado en “poner orden en la multiplicidad de hipótesis y poder empezar a ajustarlas a escenarios más concretos, más direccionados para permitir encauzar y direccionar de una manera más eficiente la investigación”.

En ese marco, también efectuaron la propuesta para la cobertura del terreno rastrillado a partir, entre otras, de testimonios que señalaron que la niña se habría ido hacia allí el día que fue vista por última vez.

El CIAV trabaja en este caso desde diciembre de 2021, cuando el expediente pasó a la órbita de la Justicia Federal y fueron convocados cuatro fiscales: Cristian Rachid, Leonel Gómez Barbella, Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano.