El Tribunal Oral Federal (TOF) de esa ciudad, integrado por los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Raúl Fernández Orozco y Beatriz Elena Torterola, consideró que no eran válidas las escuchas telefónicas que iniciaron la causa, por lo cual las decretaron nulas.

A raíz del fallo, los imputados recuperarán la libertad en las próximas horas, pero no Suris (41), quien no estuvo presente en la sala de audiencias y se encuentra detenido con prisión preventiva en un penal de Saavedra por otra causa vinculada con la confección de facturas apócrifas.


Además de Suris, los jueces absolvieron a otras diez personas: Juan Ramón Romero Miranda (46), Gustavo Sequeira (42), Fernando Alexis Bond Stork (31), Ezequiel Ferrari Reynoso; Sandro Cristian Miranda (46), Yolanda Jiménez, Mario Aníbal Arce (63), Tamara Jiménez (34, hermana de Yolanda), Martín Cruz Ocampos y Guillermo Suris (29), hermano del empresario.

La lectura de la parte resolutiva del fallo fue dada a conocer este mediodía en la sala de audiencias del tribunal, donde los jueces "declararon la nulidad de las escuchas telefónicas que se hallaban en la causa", por lo que no había elementos probatorios para inculpar a Suris y al resto de los imputados.

Por tal motivo, los magistrados absolvieron de culpa y cargo a Suris como al resto de las imputados por no haberse probado la materialidad ilícita del hecho.

También el tribunal dispuso en la resolución "disponer la libertad de los nombrados, la que se hará efectiva en los lugares que se encuentran alojados y la cesación de la prisión domiciliaria de Tamara Jiménez y Martín Cruz Ocampos".

Además, los jueces impusieron "por unanimidad una multa del 10 por ciento del sueldo del juez de primera instancia a los abogados Mariano Ramón Bernárdez y Oscar Rodríguez por el abandono intespectivo de la defensa ocurrido durante el debate con comunicación a los colegios de Abogados que correspondan".

Bernárdez y Rodríguez eran los defensores de Suris hasta que en plena audiencia renunciaron al cuestionar que el tribunal les haya rechazado varias medidas requeridas y por considerar que el proceso no estaba en condiciones de seguir adelante, lo que les generó una "contradicción ética y moral".

Tras la renuncia de los letrados, asumió la representación de Suris el defensor oficial José Ignacio Pazos Crocitto.

Previo a las renuncias, la defensa había pedido que se descartaran transcripciones de escuchas telefónicas después de que se perdieran las grabaciones, aunque el tribunal rechazó el planteo.

Tras conocer la resolución, Crocitto, señaló que "más allá de lo complejo que era el expediente en términos de peso, mediático y social, lo cierto es que se ajustó a derecho y eso es lo que importa".

"Es una causa que tiene mamarrachos en todos los puntos, cómo se instrumentó, cómo resultó, cómo se llevó adelante. Un año y medio de escuchas es una cosa inaudita y nunca vista", agregó.

Afirmó que "esta era la única banda narco que no tenía droga, no tenía armas y nadie estaba conectado, no existe un caso así".

Por su parte, Gustavo Avellaneda, quien patrocinaba a Ocampos, expresó: "No sé si la causa fue armada, pero parte de una nulidad original, que es el tema del otorgamiento de éstas escuchas que han sido indebidamente realizadas. Seguramente es parte de la doctrina del árbol envenenado, es decir a partir de la primera nulidad es una catarata de nulidades hacia abajo de todas las pruebas que se recolectaron".

"Entendemos que es un fallo muy valiente por parte del Tribunal y que no hubo ningún tipo de influencia ni social ni mediática", agregó.

En los alegatos, la fiscal María Cristina Manghera había solicitado 10 años de prisión para Suris y entre 6 y 10 para el resto de los imputados, mientras que todos los defensores habían reclamado la absolución.

Suris fue apresado el 13 de enero del 2014 en el barrio porteño de Recoleta y, tras su detención, la Policía allanó el departamento de su novia Farro, situado en Belgrano, también en la Capital Federal, donde el acusado vivía.

Si bien el imputado -que se hizo conocido públicamente por su relación con el financista Leonardo Fariña- negó vender drogas, el ahora juez federal Santiago Ulpiano Martínez le dictó la prisión preventiva por "comercialización de estupefacientes agravada por la concurrencia organizada de tres o más personas".