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La Legislatura porteña debatirá 16 convenios urbanísticos que generan polémica

El gobierno porteño "quiere llegar a obtener 200 millones de dólares con las decenas de convenios urbanísticos", dijo Baldiviezo.

Se trata de dos proyectos de ley enviados por el jefe de Gobierno que incluyen acuerdos firmados con empresas privadas para cambiar normas de edificación. Uno de ellos define un "área edificable" al lado del histórico monasterio de Santa Catalina.

Un plenario de comisiones de la Legislatura porteña tratará este miércoles dos proyectos de ley enviados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que incluyen 16 convenios urbanísticos firmados entre su administración y empresas privadas con el fin de cambiar las normas de edificación de varias parcelas del distrito.
El Gobierno de la Ciudad presentó ambos proyectos en la Legislatura local este lunes, un día después de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que Juntos por el Cambio (JxC) obtuvo, sumando sus tres listas de precandidatos a diputados nacionales, el 48,19% de los votos.
  Primer proyecto
Uno de los proyectos incluye 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras.

Estos convenios crean "áreas de desarrollo urbano especial" en varias parcelas de la ciudad, ubicadas, por ejemplo, en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas.

Estas parcelas serán desafectadas de las "normas de edificabilidad" que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.

De acuerdo con el proyecto, los fondos que reciba el Gobierno porteño a cambio de la modificación de las normas urbanísticas "deberán destinarse a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional".
  Segundo proyecto
El proyecto restante, en tanto, define un "área edificable" en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, la cual es lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.
 

Uno de los proyectos define un "área edificable" en la parcela lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina, en el centro porteño”

  Voces en contra
"Luego del triunfo en las PASO, Larreta remitió inmediatamente a la Legislatura porteña 16 convenios urbanísticos que son excepciones a la planificación de la ciudad para favorecer los negocios inmobiliarios", dijo este martes Télam Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante de la Defensoría de Laburantes.

Consideró que el gobierno porteño "quiere llegar a obtener 200 millones de dólares con las decenas de convenios urbanísticos que pretende aprobar este año".

Baldiviezo también apuntó que, tras recibir los expedientes, "la Legislatura inmediatamente ha convocado a reunión de comisión para tratar estos convenios urbanísticos".
 

"Son leyes de planificación a medida de los intereses inmobiliarios y no de la ciudadanía"”

Jonatan Baldiviezo


"Una vez más demuestra que su prioridad es garantizar que proliferen los negocios inmobiliarios bajo el velo de la pandemia, las elecciones y las crisis del país", opinó.

María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, dijo por su parte que los convenios urbanísticos "son leyes de planificación a medida de los intereses inmobiliarios y no de la ciudadanía".

Añadió que "la ciudad de Buenos Aires está sufriendo la fragmentación de su planificación a través de la acumulación de excepciones", ya que -dijo- "carecemos de un Código Ambiental y de un Plan Urbano Ambiental Actualizado".

Además, sostuvo que "el Código Urbanístico no se respeta porque cada negocio inmobiliario que se impulsa y que no se adecúa a sus parámetros genera la modificación ad hoc del código por ley".

Koutsovitis también apuntó que "en ninguna etapa de la discusión de estos convenios urbanísticos se convocó a la ciudadanía para su discusión, así como tampoco se realizaron las evaluaciones de impacto ambiental correspondientes".  

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