BOLIVIA
Expertos de la OEA ratificaron que hubo masacres en Bolivia en 2019
El informe precisa que fueron masacres dado que un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que "fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas" y “recomienda que se realice una investigación completa y que se procese a los responsables”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmó este miércoles que los “actos de violencia” ocurridos en dos ciudades de Bolivia en 2019, en el contexto del golpe de estado que derrocó al presidente Evo Morales, “deben clasificarse como masacre”, y recomendó al Estado boliviano “adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas”.
El GIEI “considera que los actos de violencia en Sacaba y Senkata deben clasificarse como masacre, dado un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo uno de sus miembros, Julián Burger, al presentar este miércoles el informe final del cuerpo ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington.
El informe “recomienda que se realice una investigación completa y que se procese a los responsables”, subrayó Burger, según la agencia de noticias boliviana ABI.
Al menos 11 civiles murieron y 120 resultaron heridos en el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y cuatro días después 11 murieron y 78 fueron heridos en Senkata, El Alto, vecina de La Paz, sin que en ninguno de los dos casos se reportaran víctimas entre policías y militares.
Cuando se cometieron esas masacres, Morales ya estaba fuera del país y la senadora Jeanine Áñez había asumido el gobierno de facto.
Entre la 36 recomendaciones contenidas en el informe, el GIEI exhortó al Estado boliviano a “diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista”, y adoptar “un procedimiento para realizar un censo de víctimas, conforme al principio de universalidad”.
Aconsejó que las investigaciones “recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto de los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, inclusive la autoría mediata”.
También postuló que esas indagaciones “sean iniciadas de oficio y conducidas de manera oportuna y propositiva, sin hacer recaer la iniciativa o la carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes”.
Asimismo, pidió al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “diseñen e implementen, de manera conjunta y colaborativa, un mecanismo especial de seguimiento en el marco del sistema interamericano de derechos humanos”.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, aseguró que el Estado boliviano y la CIDH suscribirán “el día 21 o 22 de este mes”, en La Paz, un acuerdo para el seguimiento de las recomendaciones formuladas por el GIEI.
El GIEI “considera que los actos de violencia en Sacaba y Senkata deben clasificarse como masacre, dado un gran número de ciudadanos que protestaban pacíficamente y que fueron asesinados por la Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo uno de sus miembros, Julián Burger, al presentar este miércoles el informe final del cuerpo ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington.
El informe “recomienda que se realice una investigación completa y que se procese a los responsables”, subrayó Burger, según la agencia de noticias boliviana ABI.
Al menos 11 civiles murieron y 120 resultaron heridos en el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y cuatro días después 11 murieron y 78 fueron heridos en Senkata, El Alto, vecina de La Paz, sin que en ninguno de los dos casos se reportaran víctimas entre policías y militares.
Cuando se cometieron esas masacres, Morales ya estaba fuera del país y la senadora Jeanine Áñez había asumido el gobierno de facto.
La masacre de Senkata dejó 11 civiles asesinados. Foto: AFP
Entre la 36 recomendaciones contenidas en el informe, el GIEI exhortó al Estado boliviano a “diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista”, y adoptar “un procedimiento para realizar un censo de víctimas, conforme al principio de universalidad”.
Aconsejó que las investigaciones “recaigan sobre todas las violaciones de derechos humanos y otros actos delictivos respecto de los que existen indicios, así como sobre todos los niveles de responsabilidad penal, inclusive la autoría mediata”.
También postuló que esas indagaciones “sean iniciadas de oficio y conducidas de manera oportuna y propositiva, sin hacer recaer la iniciativa o la carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes”.
Asimismo, pidió al Estado y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “diseñen e implementen, de manera conjunta y colaborativa, un mecanismo especial de seguimiento en el marco del sistema interamericano de derechos humanos”.
El embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, aseguró que el Estado boliviano y la CIDH suscribirán “el día 21 o 22 de este mes”, en La Paz, un acuerdo para el seguimiento de las recomendaciones formuladas por el GIEI.
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