El dirigente social y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, Juan Grabois, consideró que su expulsión de Colombia constituyó "un burdo intento de quitarle visibilidad" a la comisión argentina que viajó a ese país para constatar las denuncias de violencia institucional que se registran en ese país.

"Se trató de un burdo intento de silenciar la situación de violencia institucional que se registran en Colombia desde el inicio de las protestas. Quisieron con mi expulsión quitarle visibilidad al trabajo que hará el resto de la delegación que pudo ingresar al paìs", señaló Grabois en declaraciones a Télam.

Grabois, recién llegado al país tras ser deportado , aseguró que entre los motivos que esgrimieron los oficiales de Migraciones para vedarle la entrada a Colombia fue que tuvo "un trato grosero y pedante" con el personal que se desempeña en el aeropuerto de Bogotá, y que le comunicaron que tenía su pasaporte "vencido".

"No hubo un trato grosero hacia el personal de Migraciones de mi parte, está filmado el momento de mi llegada. Y tengo el pasaporte y mis documentos en orden", remarcó el dirigente social y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Dado que Colombia es un estado asociado al Mercosur, los ciudadanos argentinos pueden ingresar al territorio de esa nación con el DNI, documentación que el dirigente asegura tener en regla.

Grabois contó que hacía la fila para ingresar a Colombia cuando concurrió a uno de los boxes para ser atendido, y que allí una empleada le dijo que "tenía una anotación en su registro y que debía evaluarse su condición", por lo cual debía consultar su situación con una supervisora.

"Pedí ir con un testigo, algo que me negaron, pero el abogado Ismael Jalil (letrado de la Correpi, e integrante de la delegación argentina), pudo escuchar la conversación que mantuve con la supervisora, quien me dijo que me negaba el ingreso por una cuestión de 'soberanía'.

Grabois indicó que luego aparecieron dos sujetos de Migraciones que intentaron llevarlo a un cuarto, algo a lo que se negó.

"Le pedí a uno de ellos su identificación y me la apoyó en mi cara, haciendo fuerza con su puño. Luego llegó otro, empleado de apellido Ochoa, que calmó a estos dos que intentaban llevarme", repasó.

El dirigente social señaló que le reclamaron las invitaciones para ingresar, que eran del Serpaj de Colombia y de diputados nacionales.

"Este Ochoa me dijo que me agradeció el trabajo que estábamos haciendo, pero aclaró que no iba a poder ingresar al país. Me pidieron que firmara una declaración en la que desligaba al personal de Migraciones de cualquier maltrato que pudiera haber recibido. Algo que no hice", subrayó.

Las autoridades aeroportuarias de Bogotá le labraron a Grabois un acta en la que afirmaron que agredió al personal y había "cuestiones de seguridad nacional" para negarle el permiso a ingresar a Colombia.

El integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) aseguró que autoridades de la Cancillería le confiaron que desde la Embajada de Colombia en Argentina alegaron que la negativa a su ingreso se debió a declaraciones que hizo con antelación al viaje que iba realizar la comitiva argentina, que tenía previsto verificar la situación de los derechos humanos en ese país.

"Antes de salir dije que estábamos dispuestos a poner el cuerpo en solidaridad con las víctimas y parece que eso fue lo que molestó a las autoridades", indicó.

"Sentimos que más allá de todo, la delegación argentina que viajó a Colombia está cumpliendo su misión, constando las violaciones a los derechos humanos y denunciando las desapariciones que se producen en el país. Como integrante del Decasterio tenía previsto entrevistarme con autoridades de la Iglesia de Colombia", aseguró.

La delegación argentina que viajó a Colombia está integrada por 19 personas que llevarán a cabo tareas en los territorios de las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

La misión se decidió "ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente -según se denuncia - frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano", explicaron los organizadores del viaje antes de partir.

En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron en Colombia, cientos resultaron heridos y otro tanto fueron denunciados como desaparecidos en medio de una política de represión policial a las protestas que aún continuaba.