“No tenemos Congreso y hay muchas decisiones urgentes. Muchas cosas van a estar incluidas en la emergencia de seguridad. Tenemos la suspensión de la puesta en marcha del Código Procesal penal, que tenemos que sacar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Estamos definiendo si lo hacemos antes de fin de año o en los primeros días de enero”, señaló Garavano.

En una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, el titular de la cartera de Justicia consideró que la reforma del Código Procesal Penal fue un proyecto de ley que el kirchnerismo aprobó de forma “inconsulta”.

“Se trató de un proyecto que se sacó de forma inconsulta y mediante la aplicación de una mayoría automática, algo que generó críticas de todos los actores y expertos. Es unánime que (el nuevo Código Procesal Penal) no se puede aplicar. Fue un tema político para dominar a la Justicia”, remarcó el funcionario.

En cuanto a la situación de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el ministro evaluó que el Ministerio Público Fiscal posee en la actualidad “facultades exorbitantes”.

“El Ministerio Público Fiscal tiene facultades extraordinarias que no se corresponden con un sistema acusatorio. Tenemos que revisar eso”, aseveró.

En otro orden, Garavano afirmó que los nuevos jueces que el Ejecutivo (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti) designó en Comisión para cubrir vacantes en la Corte Suprema “jurarán en febrero”, tal como lo dispuso el máximo Tribunal, y defendió el mecanismo que empleó el presidente Macri a la hora de impulsar estos nombramientos.

“La Corte manifestó la necesidad de que se integre el Tribunal y el decreto del Ejecutivo es un mecanismo previsto por la Constitución”, remarcó Garavano.

Y en ese sentido, aportó: “Desde la Corte nos dijeron (sobre los nuevos ministros) 'ahora no, juran en febrero'. No nos salteamos nada es un mecanismo constitucional y de forma paralela, se inició el proceso previsto en el decreto 222”.